Huánuco: denuncian a hermana del Defensor del Pueblo por presunta inducción al voto a favor de Keiko

Debido a un caso de corrupción vinculado a la elaboración de un expediente técnico que resultó inviable, el exalcalde de San Pedro de Chaulán, Raúl Fernando Sosa Ramírez, fue condenado a seis años de prisión.

La sentencia, dictada por el juez anticorrupción Luis Pasquel Paredes, también alcanza a su exgerente municipal Yerson Napoleón Cajas Tarazona y al empresario Jaime Moreno Salinas, quienes fueron hallados responsables del delito de colusión agravada en agravio de la municipalidad distrital.

TAMBIÉN REPARACIÓN CIVIL

Asimismo, el fallo dispone además el pago de más de S/ 338 mil por concepto de reparación civil, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos. No obstante, la ejecución de la condena quedó suspendida hasta que una instancia superior resuelva una eventual apelación.

El caso se remonta al año 2012, durante la primera gestión de Sosa Ramírez, cuando se adjudicó la elaboración del expediente técnico del proyecto “Creación del canal de irrigación Pilpil–Runtong–Achinca” por S/ 238 mil.

ANOMALÍAS DESDE UN PRINCIPIO

Según la investigación fiscal, el proceso estuvo marcado por una serie de irregularidades desde el inicio. Se acreditó que el empresario presentó una solicitud de pago incluso antes de firmar el contrato, y que los desembolsos se realizaron sin cumplir los plazos ni los requisitos establecidos en las bases del concurso.

Los pagos se efectuaron con rapidez inusual y sin sustento técnico adecuado. En el último desembolso, incluso se utilizó un informe presuntamente falso y una resolución inexistente para justificar la aprobación del expediente.

PROYECTO INVIABLE

Durante el juicio, un peritaje del Ministerio Público concluyó que el expediente técnico era inviable, al haber sido elaborado de manera deficiente y sin cumplir los términos de referencia. El estudio, además, se habría realizado sobre un terreno que no reunía condiciones para la ejecución de un canal de irrigación.

La Fiscalía logró sustentar el caso con pruebas documentales y periciales, evidenciando un esquema de favorecimiento indebido en la contratación pública. El proceso incluyó inicialmente a otro exfuncionario municipal, pero este fue excluido debido a su fallecimiento durante el desarrollo del caso.