Después de más de un año de la muerte del dirigente del distrito de Cáhuac, en el departamento de Huánuco, Alcides Ramón Borja Vigilio, el caso todavía sigue sin hallar justicia.

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Los familiares culparon a la fiscal Ena Bravo de retrasar el proceso. Asimismo, denunciaron que los familiares más cercanos de la víctima están recibiendo amenazas de personas que buscarían el archivamiento del caso.

Ayer, en horas de la mañana, los deudos de Alcides Borja realizaron una protesta pacífica, en el frontis del Ministerio Público, exigiendo el cambio de la fiscal Bravo, ya que consideraron que, por culpa de la profesional, el caso no estaría avanzando. Denunciaron ante la prensa que la fiscal los amenazó con archivar nuevamente el caso, aduciendo que las pruebas que presentaron no son suficientes para formalizar la denuncia.

La familia de la víctima asevera que la fiscal habría señalado que la muerte de Borja se habría dado por un accidente y no por asesinato. Sin embargo, Sally Borja, hermana del fallecido, acotó que la muerte de su hermano se habría dado por causas políticas en el distrito de Cáhuac, provincia de Yarowilca, y desmintió que se haya tratado de un accidente.

“Mi hermano perdió la vida el 15 de octubre del 2020, luego de asistir a una asamblea general en Cáhuac. Dicha asamblea fue para pedir la rendición de cuentas, porque se estaban cobrando 500 soles a los comuneros por las obras de agua y desagüe y mi hermano no estaba de acuerdo con eso”, sostuvo Sally.

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Por último, mencionó que viene recibiendo amenazas de parte del señor Julio Huaranga Rafael, quien habría sido una de las últimas personas que vio con vida a su hermano, al igual que Alfredo Tucto Rafael. Por lo que pidió que el Ministerio Público investigue a ambas personas, ya que pretenden que el caso se archive y no se sepa lo que realmente ocurrió con Alcides Borja.

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