La Contraloría General de la República (CGR), ha advertido presuntos casos de nepotismo en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, respecto a la contratación de familiares de un ex funcionario que laboraba en la referida institución. Además, estos contratos se realizaron por largos años, e iniciaron en la gestión del ex rector de la UNSLG. Alejandro Encinas Fernández.

Fiscalización en casa superior de estudios

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 006-2021-2-0208, Fernando Emilio Alfaro Huamán, se desempeñó en el cargo de director de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y contrató bajo la modalidad de Contrato Administrativos de Servicios (CAS) a su hijo Jimy Carlos Alfaro Gabriel y a su cuñado Luis Gabriel Aparcana.

Según indica el informe, Jimmy Alfaro tenía un cargo administrativo desde el 1 de abril de 2015 al 31 de enero del 2019, mientras que Luis Aparcana cumplió cargo de seguridad y vigilancia desde el 1 de julio de 2014 al 31 de marzo del 2019.

La Contraloría pudo evidenciar los nexos familiares de ambos trabajadores con Fernando Alfaro Huamán, el mismo que por las contrataciones realizadas habría vulnerado las normas del Estado sobre nepotismo y afectó la legalidad e imparcialidad de la contratación de personal bajo el régimen especial de CAS, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.

“Se comprobó, además, que no obra documento en el cual se evidencie la existencia de un concurso público y que fue la máxima autoridad de la institución educativa, es decir el exrector (Alejandro Encina Fernández) quien permitió el vínculo contractual y posteriores renovaciones de los contratos. A la fecha de emitido el informe no se obtuvo respuesta del Consejo Universitario sobre si los involucrados habrían ingresado por concurso público”, se lee en el documento.

Máximas autoridades y funcionarios involucrados

Asimismo, por los hechos mencionados el actual rector de la primera casa de estudios de la región, Anselmo Magallanes Carrillo, podría tener presunta responsabilidad administrativa, ya que, durante su gestión en los años 2017, 2018 y 2019, se renovaron con total normalidad los contratos de los involucrados.

De igual forma, el órgano fiscalizador también ha asumido responsabilidades en: Luis Alberto Massa Palacios, Jesús Cahua Jayo, Julia María Su Siguas y Raúl Alexander Vilca Jayo, debido a que formalizaron la contratación de los implicados contraviniendo la normativa, cuando se desempeñaban en el área de Recursos Humanos.

Finalmente, la Contraloría señala que recae una “presunta responsabilidad administrativa”, que conduciría acciones legales en contra de los ex funcionarios, por lo que han notificado al rector de la universidad y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.