La Contraloría General de la República reveló que la gestión de Armando Huamán Tasayco en la Municipalidad Provincial de Chincha contrató personal de confianza que no cumple con el perfil para ejercer cargos en la comuna.

El organismo de control detectó 19 servidores incorporados por la administración de Huamán Tasayco “no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en los documentos de gestión”.

OBSERVADOS. Según la Contraloría esto “genera que los servicios y operaciones efectuadas por la entidad no cumplan con las metas y objetivos institucionales”. 

Entre los servidores observados figuran el subgerente de logística, César Saravia Mateo (no cumple por ser técnico en computación), la subgerente de tesorería, Rosa Llancari Herrera (no cumple con años de experiencia ni cuenta con capacitación en administración financiera municipal).

También fue observada la designación de María Borjas Mauricio como gerente de Secretaria General por no cumplir con los años de experiencia y, según la revisión de su legajo, no registra capacitación en relaciones públicas. Otro es la contratación de Miguel Salazar Barrios como Procurador Público Municipal. En su caso por no registrar especialidad jurídica en los temas relacionados al gobierno local.

El órgano de control, en el informe N°003-2019, señala que se ha encontrado 13 legajos con falta de información de los funcionarios. 

Es el caso del gerente municipal, Victor Pérez Torres (no se evidencian documentos que sustenten experiencia laboral). También se observa que la gestión Huamán Tasayco ha contratado a 21 personas para ocupar cargos de confianza que “no están previsto en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la entidad”.

También reveló que no se ha nombrado al gerente de administración, subgerente de obras, ingeniero ambiental de la división de sanidad ambiental y al especialista en programas y proyectos de la oficina de programación e inversiones. 

Todas estas situaciones y otras fueron comunicadas por la Contraloría al alcalde provincial Armando Huamán Tasayco fijando un plazo de 10 días para que presente “el plan de acción correspondiente” a los hechos detectados en la designación de funcionarios en cargo de confianza.