La magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Manuel Eduardo Ramos Casma, investigado por el presunto delito contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad personal – secuestro en grado de tentativa, en agravio de la menor de iniciales M.N.Y.L. (09), representada por su madre Inna Yurico Loayza Morales.

Grave delito

Asimismo, el investigado afronta cargos por el presunto delito de violación de domicilio, en agravio de Carmen Adelaida Santaria Ccollccane. La medida coercitiva fue emitida el 2 de diciembre de 2025, luego de que la magistrada evaluara los argumentos del Ministerio Público y de la defensa técnica, así como la concurrencia de los presupuestos previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el 30 de noviembre de 2025, Ramos Casma habría intentado secuestrar a la menor M.N.Y.L. cuando esta se dirigía a una tienda en el AAHH Ollanta Humala. El imputado la habría interceptado y sujetado del brazo con la aparente finalidad de llevarla a otro lugar; sin embargo, la menor logró escapar y pedir auxilio.

Tras este hecho, el investigado habría continuado su desplazamiento e ingresado sin autorización a una vivienda del mismo asentamiento humano, donde se encontraba el menor Y.Q.S. Este enfrentó al intruso y le pidió que se retirara, ante lo cual el imputado salió inicialmente del inmueble.

Minutos después, Ramos Casma habría intentado ingresar nuevamente aprovechando una ventana dañada, lo que generó alarma en el menor. Al pedir ayuda a su padre y a los vecinos, estos lograron ubicar e intervenir al imputado en un arenal cercano, reconociéndolo como la misma persona que momentos antes intentó llevarse a la menor M.N.Y.L.

La resolución judicial ordena el internamiento del investigado en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, medida que regirá desde el 30 de noviembre de 2025, fecha de su detención, hasta el 29 de agosto de 2026, con el propósito de asegurar el normal desarrollo del proceso penal.

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