La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/1 433 078.44 en la gestión de los recursos obtenidos por el alquiler de inmuebles del Colegio Nacional San Luis Gonzaga de Ica. La conclusión forma parte del Informe de Auditoría N.° 017-2026-2-0723-AC, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación de Ica y emitido el 14 de agosto de 2026.

Reveladora auditoría

La auditoría revisó el manejo de los ingresos generados por 21 locales arrendados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. La mayor concentración de predios se encuentra en la calle Lima, con 12 inmuebles; los demás están situados en la avenida Matías Manzanilla, avenida Grau, calle Cajamarca, urbanización San Miguel y avenida San Martín. Todos en la provincia de Ica.

Según el órgano de control, durante esos años se concedieron exoneraciones de renta y meses de gracia a distintos inquilinos sin contar con autorización ni aprobación de la Junta. También se habrían suscrito adendas para ampliar plazos de arrendamiento de manera anticipada e injustificada, comprometiendo la disponibilidad de algunos predios incluso hasta diez años antes del vencimiento de los contratos vigentes.

La Contraloría también detectó que se permitieron pagos de alquileres en efectivo, pese a que los contratos obligaban a los arrendatarios a efectuar depósitos o transferencias a las cuentas institucionales. Parte de esos fondos públicos recaudados no habría sido ingresada ni bancarizada por la Junta de Administración de Bienes.

Asimismo, se advirtió que no existió una gestión de cobranza oportuna y eficaz. Esta situación habría provocado que el colegio deje de percibir montos por rentas mensuales, fondos de garantía y aportes obligatorios por fiestas jubilares, obligaciones previstas en los contratos suscritos con los arrendatarios de los locales.

El informe estableció que por los alquileres, garantías y aportes por fiestas jubilares se debían recaudar US$1 154 624.79. Sin embargo, se identificó que dejaron de percibirse US$360 252.96, equivalentes a S/1 390 019.16. A este monto se añadieron S/43 059.28 por gastos de los años 2023 y 2024 que no correspondían a la finalidad institucional de la Junta de Administración de Bienes.

Durante los años auditados, Pedro Eduardo Falcón Guerra y Millie Edith Álvaro López, exdirectores del colegio, presidieron la Junta de Administración de Bienes. Falcón Guerra estuvo en el cargo hasta el 12 de enero de 2023, mientras que Álvaro López lo ejerció hasta el 2 de enero de 2024. Desde esa fecha, la presidencia está a cargo de Víctor Enrique Uchuya Mendoza, actual director del colegio San Luis Gonzaga.

Sobre Falcón Guerra, la auditoría señaló que habría otorgado exoneraciones de pago de renta y meses de gracia sin aprobación de los demás integrantes de la Junta. “Asimismo, por haber autorizado y permitido el cobro de rentas mensuales en efectivo, inobservando las cláusulas contractuales que obligaban expresamente a los arrendatarios a efectuar los pagos mediante depósitos o transferencias financieras”, señala el informe.

El documento agrega que, según la auditoría, existió “inacción en el control, gestión y supervisión para que estos fondos públicos recaudados fueran ingresados y depositados en las cuentas bancarias institucionales de la Junta dentro del plazo legal; ocasionando que el colegio deje de percibir importes devengados por conceptos de rentas mensuales, fondos de garantía y aportes obligatorios por fiestas jubilares como parte de las obligaciones contractuales durante los periodos 2021 a 2022”. También se cuestiona la suscripción de adendas de ampliación de plazos “de forma injustificada y anticipada, comprometiendo la libre disponibilidad de los bienes”.

Respecto a Millie Edith Álvaro López, la Contraloría le atribuye presuntas deficiencias en el control de ingresos por alquileres y aportes de fiestas jubilares, así como la aprobación y ejecución de gastos ajenos a la finalidad de la Junta durante 2023. En tanto, Víctor Enrique Uchuya Mendoza fue comprendido por la falta de control de ingresos y por gastos que no habrían correspondido a los objetivos institucionales durante 2024.

Responsabilidad penal

La comisión auditora también examinó contratos de locales comerciales situados en la calle Lima. En el caso de un local del rubro cafetería ubicado en la cuadra 1 de esta vía, se advirtió que una adenda suscrita en 2021 extendió su contrato hasta noviembre de 2027. En otro predio de la misma calle, se detectaron ampliaciones que proyectaban la permanencia del arrendatario hasta 2032.

A los hechos financieros se suman riesgos sobre el patrimonio del plantel. Un terreno de 768 metros cuadrados, situado en la urbanización San Miguel, cuenta con una anotación preventiva por prescripción adquisitiva impulsada por particulares. La auditoría también alertó que existen inmuebles pendientes de saneamiento, predios sin partida registral acreditada, falta de un margesí actualizado y ausencia de registros contables, balances y declaraciones tributarias de los años 2021, 2022 y 2023.

Por estos hechos, la Contraloría recomendó iniciar acciones penales contra Pedro Eduardo Falcón Guerra; acciones civiles contra Millie Edith Álvaro López y Víctor Enrique Uchuya Mendoza; y determinar responsabilidades administrativas respecto de los tres expresidentes de la Junta de Administración de Bienes.

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