Un drama es lo que vive la ciudadana J. K. R. U. de 31 años, quien denunció a su esposo, Antony José Díaz Hernández, un juez de paz letrado, por el presunto delito de violencia psicológica. Las autoridades judiciales estarían influenciadas, ya que se le niega el acceso a documentación, las medidas de protección y otros. Se siente desprotegida por los administradores de justicia.

Presunto “amiguismo”

Ella denunció sufrir violencia por años, por parte del magistrado de 33 años. El 20 de agosto del 2024 decidió denunciarlo por el presunto delito de violencia familiar, que se habría registrado el 12 del mes anterior en su propia vivienda. La denunciante señaló ante la policía que, “el día de los hechos se encontraba en su domicilio, en compañía de su esposo momento en el que le comenta sobre un problema en su centro de trabajo, reaccionando el denunciado de forma agresiva golpeando la puerta, indicándole eres una puta, tengo ganas de golpearte, posteriormente se retiró y empezó a enviarle mensaje a su WhatsApp con los mismos insultos. asimismo, refiere la denunciante que no sería la primera vez que suscitan estos hechos”, se lee en el documento policial.

La denuncia fue puesta de conocimiento al Juzgado de Familia Transitorio Sub Especialidad en Violencia Contra Las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar –Sede Central, a cargo de la jueza Jennifer Lindsay Mansilla Tudela. En la Resolución N° 01, del 2 de setiembre del 2024, se indica la manifestación de la joven profesional de 31 años, quien declaró entre otras cosas: “...Vivo en la dirección que he mencionado, en compañía de mis dos menores hijos; actualmente no me encuentro laborando, ya que me dedico del todo a mis menores hijos...”.

Con relación a los hechos de denuncia refirió que, “el día lunes yo me encontraba en casa e inicio una conversación comentándole el acoso que estaba teniendo en mi anterior trabajo, entonces mi esposo actuó de forma agresiva, empezó a insultarme, golpeando la mesa de mi casa, insultándome con palabras denigrantes”, se lee, también se detalla sobre la manifestación del juez denunciado, Díaz Hernández, quien declaró entre otras cosas: “... Trabajo en el Poder Judicial de Ica, es mi esposa, con quien estoy casado hace seis años, hemos tenido una relación de trece años aproximadamente, actualmente nos encontramos separados hace más de dos meses, tenemos dos hijos en común... “. En la resolución judicial también se precisa sobre la ficha de valoración de riesgo por violencia practicado a la denunciante, se tiene un Riesgo Moderado, y se adjuntaron capturas de pantalla de los mensajes vía WhatsApp.

Pese a todo ello, la jueza resolvió tener por interpuesta la denuncia por los presuntos actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia psicológica, pero prescindió de la audiencia de medidas de protección.

“No Otorgar medidas de protección a favor de J.K.R.U. (31) en su agravio y en contra de su cónyuge Antony José Díaz Hernández (33), por los presuntos actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia psicológica”, indica la resolución que ha generado una serie de críticas, ya que la autoridad judicial solo exhorta a las partes, a que “se solucione mediante el diálogo y respeto”.

Queja por inconducta funcional

El 16 de setiembre del año actual La Oficina Descentralizada De La Autoridad Nacional De Control Del Poder Judicial, a cargo de la Dra. Mary Luz Del Carpio Muñoz, registra una queja contra el juez Díaz Hernández, que fue interpuesta por su esposa.

“Con el video del 29 de agosto del año 2024 acredito la total impunidad con la que se siente el señor magistrado Antony José Díaz Hernández, pues pese a encontrarse denunciado por hechos de violencia el día 20 de agosto del 2024, y haber seguido atacando y desprestigiando a la usuaria, tal como se acredita de los chats adjuntados en su oportunidad, donde además en muchos de ellos reconoce su problema de alcoholismo, sale con total libertad exponiéndose en lugares públicos y aún más grave sigue con su consumo de alcohol, reconociendo en el video que estaba “celebrando el día del trabajo”, sostiene la documentación.

Se añade que la víctima indicó que el magistrado le dijo que soñaba con “ahorcarla”, manifestando además “para que veas el nivel de patología que controlo”, también se agrega un audio del 14 de agosto del 2024, que acreditaría la manipulación por años a la que habría sido sometida la víctima, y solo le pedía disculpas para que no proceda con la denuncia.

La denunciante añade que el 10 de setiembre del 2024, fue interceptada por su esposo en los exteriores del Poder Judicial de Ica por la calle Ayacucho, con el fin de tratar de negociar para que retire toda la documentación, “al no aceptar me amenaza profiriendo palabras como “te voy a destruir”, “ya me contactaron para ayudarme”, “eres mala madre porque si me afectas los afectas a ellos”; ante lo cual la usuaria tuvo una crisis ansiosa”, se indica.

El 16 de setiembre del 2024, el especialista Miguel Ángel Palomino Manchego, de la Unidad de Calificación e Investigación Preliminar de la ODANC, resolvió declarar improcedente por ahora la solicitud de copia digital de la declaración indagatoria efectuada por el quejado Antony José Díaz Hernández, efectuada por la quejosa J.K.R.U, por la materia de inconducta funcional.

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