En los exteriores del Poder Judicial de Ica, la madre del alférez Enzo José Ñacca García denunció públicamente lo que considera una detención injusta y desproporcionada contra su hijo, quien permanece en prisión preventiva pese a que otros implicados en el mismo caso ya recuperaron su libertad.

Detención cuestionada

Según explicó María del Carmen García Benítez, su hijo debía salir en libertad el pasado 7 de enero; sin embargo, el Ministerio Público solicitó una ampliación de la prisión preventiva por otros seis meses, argumentando presunto peligro de fuga por falta de arraigo laboral, domiciliario y familiar. La madre rechazó estas afirmaciones y presentó documentos que acreditarían que el alférez es casado, cuenta con contrato de arrendamiento y mantiene vínculo laboral vigente con la Policía Nacional.

La denunciante sostuvo que su hijo no pertenecía al área de tránsito y que su función se limitaba únicamente al control de identidad, por lo que, no tenía facultades para imponer papeletas ni participar en presuntos cobros irregulares. Añadió que durante las investigaciones no se halló evidencia alguna en su contra, ni en su teléfono celular ni en las declaraciones de testigos.

Uno de los puntos que más cuestiona la familia es que el principal implicado en el caso, el entonces comisario de La Tinguiña, ya se encuentra en libertad, mientras que el alférez Ñacca continúa recluido. “¿Por qué no se mide con la misma vara a todos?”, reclamó la madre, quien considera que su hijo estaría siendo utilizado como “responsable residual” dentro del proceso.

El caso se remonta a julio de 2024, cuando la DIRCOCOR y la DIVIAC intervinieron la comisaría de La Tinguiña por presuntos actos de corrupción. En ese operativo fueron detenidos dos oficiales, entre ellos el alférez Ñacca García, acusados de presunto cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial, relacionado con intervenciones vehiculares.

Desde la Policía se indicó que el operativo en la comisaría de La Tinguiña formó parte de una acción coordinada con unidades especializadas para verificar presuntas conductas irregulares detectadas durante intervenciones policiales, quedando el caso en manos del Ministerio Público para la evaluación de responsabilidades conforme a ley.

Mientras tanto, la familia del alférez insiste en que no existen pruebas que justifiquen la prolongación de la prisión preventiva y exige que el Poder Judicial revise el caso con objetividad. El pedido central es la inmediata libertad del efectivo, al considerar que se están vulnerando sus derechos y afectando de manera irreversible su carrera policial.

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