Un total de 84 fiscales de prevención del delito se movilizan hoy desde muy temprano, a los diversos locales que se han implementado para las Elecciones Generales en segunda vuelta en la región Ica, con la finalidad de supervisar y garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.

Voceros del Ministerio Público han informado que para el proceso electoral se han distribuido 6 grupos especiales de fiscales que trabajarán en situación de alerta permanente en los 344 locales asignados al Distrito Fiscal de Ica.

Grupos especiales en provincias

Los funcionarios de la Fiscalía han sido distribuidos de la siguiente manera: en el caso de Ica, 42 fiscales vienen verificando 140 locales de votación, para Chincha se han asignado 14, que realizan el trabajo de campo en 96 centros de voto, en Pisco se encuentran la misma cantidad de 14 fiscales, vigilando 50 sedes. En la provincia de Nasca se han asignado 8 representantes del Ministerio Público para el control de 22 locales; mientras que en Huaytará 2 fiscales estarán a cargo de 18 locales, y en la ciudad de Palpa y cabezadas, 4 fiscales hacen su intervención en 18 centros de votación.

Los fiscales verifican las sedes de votación, pudiendo intervenir con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ante la ocurrencia de ilícitos penales, que podrían atentar contra el normal desarrollo de los comicios electorales.

Asimismo, los integrantes del Equipo de Gestión Territorial vienen monitoreando el proceso democrático en los exteriores y permanecerán en alerta luego de concluido los comicios, ya que el proceso de elecciones continua y pueden producirse delitos electorales, que serían denunciados, si es necesario la intervención de la Fiscalía Penal de turno.

Cabe señalar que dentro de las funciones de los fiscales están garantizar el cumplimiento de la Ley Seca, y evitar delitos como falsificar o destruir ánforas, suplantar a un votante, portar armas y otros actos delictivos que pueden ser sancionados con pena privativa de la libertad. En el caso de los delitos leves entre 6 meses a 2 años y por los delitos más graves hasta 8 a 10 años de cárcel.