El caso de Doris Marleny Cáceres Huamani ha generado creciente preocupación y cuestionamientos en torno a la actuación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en la región Ica. La comerciante denuncia haber sido nuevamente perjudicada, luego de recuperar por cuenta propia un cargamento de madera que le fue robado en febrero de este año.

Lucha por meses

De acuerdo con su testimonio, el tráiler que transportaba la mercadería, procedente de Pucallpa y con destino final en Moquegua, fue robado entre el 17 y 18 de febrero de 2026. Ante la falta de respuestas inmediatas, Cáceres inició una búsqueda independiente que la llevó a recorrer distintos puntos de Lima.

“Vengo desde la ciudad de Moquegua, víctima de un robo. El tráiler con las maderas salió con destino a mi ciudad, pero en mi desesperación empecé a buscar por mi cuenta desde antes del 4 de marzo. Con mucho sacrificio, sin apoyo de la policía, encontré mi mercadería en el kilómetro 15.5 de Huaycán”, relató.

La ubicación del cargamento marcó un punto de quiebre. Según explicó, tras insistir en múltiples llamadas a números de emergencia, logró que efectivos policiales acudieran al lugar. “Yo misma llamé a la policía, a la policía forestal, a Serfor, a varios teléfonos de emergencia y nadie me quería auxiliar. De tanta insistencia, recién llegó la policía de Huaycán”, señaló.

La recuperación se formalizó con la presencia de la Fiscalía, que levantó un acta correspondiente. En ese momento también participaron representantes de Serfor Lima, quienes, junto a la Policía Forestal y otros verificaron la documentación presentada por la propietaria, incluida la guía de remisión, validando la legalidad de la carga y autorizando su traslado a Moquegua.

“Recuperé mi mercadería con un acta fiscal. Ya se había comprobado que era mía, todo estaba en regla”, afirmó.

No obstante, cuando el vehículo retomaba su ruta hacia el sur y atravesaba la región Ica, fue intervenido por personal de Serfor de esa jurisdicción. Este nuevo procedimiento ha sido el eje de la controversia.

Según Cáceres, los inspectores plantearon inicialmente descargar la totalidad del cargamento para una nueva verificación. “Primero querían bajar todo, ahora dicen que la mitad. Igual me perjudican”, expresó. Posteriormente, la medida fue modificada y se dispuso la descarga parcial de la madera.

La afectada cuestiona la lógica de esta decisión, señalando que el volumen actual del cargamento ya no coincide con el original debido al robo. “El camión está trayendo un peso neto de 21 toneladas cuando debería traer 30. Incluso es menos de lo que yo tenía. En el transcurso del robo se han llevado parte de la madera, la han vendido a desconocidos. Ahora solo tengo más de 15 mil tablillas, de las 19 mil”, detalló.

En ese contexto, sostiene que cualquier intento de verificación basada en cantidades iniciales resultaría impreciso. A ello se suma su preocupación por el criterio de las autoridades locales. “Ahora Serfor Ica señala que mi madera podría ser ilegal. No entiendo por qué, si en Lima ya se hizo la verificación con fiscal y policía forestal”, indicó.

Otro punto crítico es la falta de coordinación entre oficinas de la misma entidad. Según la comerciante, los funcionarios en Ica no habrían logrado confirmar la información previamente validada en Lima. “Me dicen que desde ayer se están comunicando con Lima y no les contestan. Yo pregunto: ¿qué día voy a volver? ¿O se quieren quedar con mi madera?”, cuestionó.

Además del impacto administrativo, la intervención ha generado consecuencias económicas directas. El vehículo de carga pesada permanece detenido, lo que implica costos diarios de transporte que la afectada debe asumir. “Necesito avanzar, porque el transporte me cobra por todos los días que pasa. Todo está por conducto regular, yo he presentado mis documentos”, manifestó.

La comerciante también advirtió que la documentación principal del cargamento, conocida como “guía madre”, habría sido sustraída durante el robo, lo que complica aún más el proceso de verificación. A pesar de ello, insiste en que cuenta con pruebas suficientes para acreditar la legalidad de la mercancía.

El caso se desarrolla en el ámbito de la administración técnica forestal de Ica, a cargo de Alberto Yataco Pérez.

Mientras tanto, Doris Cáceres permanece varada lejos de su lugar de origen, sin poder retornar a Moquegua desde que inició el traslado del cargamento en febrero. “Solo quiero regresar a casa y recuperar mi mercadería, que es una compra legal y esta destinado para la fabricación de módulos. Ya son dos meses en esta situación”, concluyó.

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