A puertas de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, resulta importante recordar que los gobiernos regionales (GORE) influyen directamente en el desarrollo de su territorio. Los GORE ejercen funciones como formular las políticas regionales de educación, promover y ejecutar obras de irrigación o administrar el desarrollo de la infraestructura vial regional, así como coordinar con otras entidades del Estado.

Estadísticas en la región

Por ejemplo, en educación, los GORE, mediante las Direcciones Regionales de Educación y las UGEL, deben identificar las necesidades de infraestructura de los colegios y coordinar su construcción, así como su mantenimiento. En Ica, el 82.3% de los colegios accede a agua, electricidad y desagüe, el segundo mayor porcentaje del país. No obstante, uno de cada tres colegios públicos requiere ser demolido y reconstruido por su alto riesgo de colapso. En distritos como Tibillo (100%), Ocucaje (70.0%) y El Carmen (66.7%) el riesgo es aún mayor.

En cuanto a salud, el GORE es el encargado de supervisar la distribución de productos farmacéuticos. Además, planifica y ejecuta proyectos de infraestructura y equipamientos de los servicios de salud. En Ica, a junio de 2026, el 17.9% de los medicamentos vitales y esenciales se encuentra desabastecido o con niveles de stock insuficientes en establecimientos públicos, cercano al promedio nacional (19.3%). A esto se le suma que el 60% de hospitales de segundo y tercer nivel de la región no cumplían con estándares de infraestructura ni equipamiento a 2024.

Asimismo, en temas de seguridad, los GORE pueden destinar recursos para equipar a la PNP. Entre 2020 y 2024, el porcentaje de comisarías en buen estado en Ica cayó drásticamente de 41% a 24%. A esto se suma que, a julio de 2025, solo el 22.7% de las camionetas y el 21.2% de las motos policiales de comisarías básicas y especializadas se encuentran operativas, muy por debajo del promedio nacional (61.5% y 61.2%, respectivamente). Esta falta de infraestructura y equipamiento se refleja en un aumento de la tasa de homicidios de la región, que subió de 3.5 a 9.1 por cada cien mil habitantes entre 2019 y los últimos doce meses (setiembre 2025 y agosto 2026), la quinta más alta del país.

Frente a estas brechas, el IPE junto a otras organizaciones propone que la asignación de competencias y recursos entre los tres niveles de gobierno se evalúe en función de resultados concretos en la provisión de servicios públicos. Así, se plantea crear un mecanismo independiente de evaluación del cierre de brechas, fortalecer la rectoría de la PCM para revisar y ajustar funciones cuando existan duplicidades o problemas de capacidad, y vincular parte de las transferencias y del financiamiento al cumplimiento de resultados verificables.

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