Después de más de un año de diligencias, peritajes e investigaciones técnicas, el Ministerio Público dispuso el archivo de la investigación por el presunto delito de homicidio culposo relacionada con la muerte de la alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Ashley Stacy Vargas Mendoza de 24 años, quien perdió la vida el 20 de mayo de 2025 tras precipitarse al mar durante un vuelo de instrucción en Paracas (Pisco). La resolución fiscal fue revelada por el programa ContraCorriente, en el canal Willax, que tuvo acceso al expediente compuesto por diez tomos de investigación.

Investigación fiscal

La disposición fiscal concluye que la muerte de la oficial fue consecuencia de un “suceso de tránsito aéreo por precipitación”, originado por una pérdida de control en vuelo (LOC-I) luego de ejecutar una maniobra de alto desempeño no programada a baja altura. Según el documento, esta conclusión se sustenta en el Informe de Investigación de Accidente Aéreo, el protocolo de necropsia N.° 0064-2025 y las comunicaciones registradas por la CORPAC, las cuales no evidenciaron reportes de fallas técnicas antes del impacto de la aeronave contra el mar.

La carpeta fiscal reunió una amplia cantidad de elementos probatorios durante más de doce meses de investigación. Entre las diligencias realizadas figuran la revisión del historial de mantenimiento de la avioneta KT-1P, la evaluación del sistema de eyección, los pirocartuchos, las balizas de emergencia, las condiciones meteorológicas registradas el día del accidente, el análisis de los restos de la aeronave y el estudio del desempeño académico y operativo de la piloto dentro del curso de formación militar.

Asimismo, el Ministerio Público contrató a un investigador aeronáutico independiente para elaborar una reconstrucción técnica del accidente, peritaje que fue incorporado al expediente y cuyo costo ascendió a 12 mil dólares, según la información difundida. El especialista analizó la totalidad de la evidencia disponible con el objetivo de determinar el origen del siniestro.

Como parte de la investigación también se revisaron el celular, la computadora portátil, las conversaciones de WhatsApp y el diario personal de Ashley Vargas. Además, se practicaron pericias psicológicas y toxicológicas que descartaron la presencia de alcohol o sustancias prohibidas en el organismo de la piloto al momento del accidente.

Uno de los elementos considerados por la Fiscalía fue la declaración del alférez FAP Anthony Bravo Facundo, quien manifestó que, antes del vuelo, Ashley Vargas le consultó sobre la ejecución de una maniobra de vuelo invertido y la pérdida de altitud que esta implicaba. Según el testimonio incorporado al expediente, cuando le preguntó si pensaba realizar dicha maniobra, la piloto respondió “que lo estaba pensando”. La investigación señala que ese ejercicio no correspondía a la fase de entrenamiento asignada para esa misión.

El expediente también recoge la declaración de oficiales de la Fuerza Aérea respecto a la prohibición del uso de celulares durante las operaciones de vuelo. Entre los elementos revisados figura una presunta foto tipo “selfie” captada desde la cabina de la aeronave.

En cuanto a la aeronave, los peritajes concluyeron que no existían evidencias de explosión, incendio, ruptura estructural previa o desperfectos mecánicos que pudieran explicar el accidente. Según el informe técnico incorporado al expediente, la destrucción del fuselaje fue consecuencia del impacto de alta energía contra la superficie del mar y no de una falla estructural previa al siniestro.

No obstante, la decisión del Ministerio Público ha sido rechazada por la familia de la alférez Ashley Vargas. Sus allegados consideran que la investigación aún presenta vacíos importantes y anunciaron que apelarán la resolución de archivo. Entre sus principales cuestionamientos sostienen que el motor de la aeronave todavía no ha sido recuperado, por lo que no sería posible descartar completamente la existencia de una eventual falla mecánica como factor determinante del accidente.

Con la apelación anunciada por la familia, el caso aún no queda definitivamente cerrado. Una instancia superior deberá evaluar los argumentos planteados y determinar si la investigación desarrollada por la Fiscalía fue suficiente o si corresponde ordenar nuevas diligencias antes de emitir una decisión definitiva.

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