No quieren seguir escuchando promesas sin resultados. A pocas horas del mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Fernando Guerra Fernández, hizo un llamado firme a la presidenta de la República Dina Boluarte para que su discurso exponga propuestas concretas, viables e innovadoras, que respondan a las urgentes necesidades del país, especialmente en materia de seguridad ciudadana y regulación de la minería informal.

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“Esperamos que este 28 de julio el mensaje presidencial marque un punto de inflexión con medidas claras para enfrentar la violencia y la criminalidad, así como para poner orden en la minería informal que tanto daño causa al desarrollo regional y nacional”, expresó.

FRENA EL DESARROLLO

El líder empresarial remarcó que la inseguridad ciudadana continúa siendo uno de los principales frenos al desarrollo económico, afectando tanto a las inversiones como a la actividad empresarial.

Asimismo, señaló que la expansión de la minería ilegal, vinculada también al accionar criminal, requiere una respuesta decidida y articulada entre los poderes del Estado.

“El empresariado formal exige medidas de impacto, no parches temporales. Es momento de ver reformas que fortalezcan nuestras instituciones, que impulsen la competitividad y que restituyan la confianza de los ciudadanos en el Estado”, agregó.

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HAY PROPUESTAS

Fernando Guerra también destacó qué, recientemente junto al Instituto Videnza, presentaron un conjunto de propuestas concretas, articuladas y con enfoque territorial, orientadas a enfrentar la ola de criminalidad y ordenar la minería informal.

Se trata de iniciativas que nacieron del aporte técnico del sector empresarial, la sociedad civil, la academia y funcionarios públicos, quienes desarrollan sus actividades en el ámbito regional, y proponen, entre otras acciones, la implementación de Centros de Comando y Control (C4), el fortalecimiento de la inteligencia policial, la articulación efectiva de los Consejos de Seguridad Ciudadana, y la creación de un sistema de trazabilidad del oro, acompañado de una norma legal integral que regule la cadena de valor minera.

Del mismo modo, plantea potenciar la colaboración público–privada a través de mecanismos como Obras por Impuestos.

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