La Contraloría General de la República revisará la compra de 100 camionetas que realizó el Gobierno Regional de La Libertad, valorizados en 17 millones 880 mil soles, luego de que se denunciara una presunta sobrevaloración en la adquisición de estos vehículos.
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Proceso. El órgano de control ofició al gobernador César Acuña Peralta comunicándole que iniciarán un proceso de “recopilación de información”.
“Me dirijo a usted en atención a la normativa de la referencia, con la finalidad de comunicarle que este Órgano de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio relacionado de recopilación de información a la contratación de 100 vehículos (camionetas pick up 4X4) adquiridos en el marco de las IOARR de reposición”, indica el documento firmado por Juan Aguinaga Caballero, jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional La Libertad.
En el oficio también se pide brindar “las facilidades del caso al equipo que se acredita”. El grupo de trabajo que se encargará de revisar la adquisición de los patrulleros está dirigido por Jorge Ulfe Javier. Él estará acompañado de los especialistas Manuel Medina Ruiz y Mireyra Valderrama Alarco.
El caso
El domingo pasado, Cuarto Poder denunció una presunta sobrevaloración en la compra de estos vehículos. Para ello, comparó la adquisición que hizo la gestión de Acuña con una que realizó el Gobierno Regional de Áncash.
Ahí se detalló que ambos gobiernos adquirieron 100 unidades a la empresa Maquinarias S.A., con las mismas especificaciones técnicas. Sin embargo, la flota que se entregó en Áncash solo costó S/ 14 millones 425 mil; es decir, más de S/ 3 millones menos que lo pagado en La Libertad.
El gerente general de la Región, Martín Namay, justificó la diferencia de precios alegando que el contrato incluía un mantenimiento ampliado a los patrulleros hasta por 165 mil kilómetros, así como un servicio de monitoreo satelital por tres años.
Para el consejero Frank Solórzano, sí habría un sobrecosto. Incluso, dijo que así se hubiera pagado por los trabajos de mantenimiento, no se llegaría a completar el monto cancelado.
Hay que indicar que la Fiscalía investiga este caso desde agosto, tras la denuncia en el Ministerio Público del consejero Robert de la Cruz.
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