Justicia retrasada es justicia denegada. Esto bien podría aplicarse para el caso de difamación que tiene enfrentados legalmente al sentenciado alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, y al arqueólogo Ricardo Morales Gamarra, otrora director del Proyecto Huacas de Moche. Ayer, por duodécima vez, el juicio oral de este proceso volvió a prolongarse.

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LOS DETALLES

El interés por el aplazamiento de este caso es muy evidente. El último martes, precisamente, la magistrada del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Ingrid Pajares Acosta, volvió a rechazar la recusación presentada en su contra por la defensa legal del suspendido alcalde de Trujillo.

Esto ocurrió durante la audiencia realizada de manera virtual. En efecto, para Ricardo Morales, la parte querellada lo único que busca es alargar el caso y evitar una resolución que debía darse en julio del año pasado. En ese sentido, pidió que se confirme de una vez la instalación del juicio y así se evite que las posiciones dilatorias continúen imponiéndose.

OTRA SALIDA

La recusación contra la magistrada Pajares se basa en presuntas parcializaciones, según Arturo Fernández. Entonces, a la titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal solo le quedó resolver la reprogramación de este caso para el próximo 1 de agosto a las 3 de la tarde.

No obstante, antes de esto, según le confirmaron a Diario Correo, el abogado Juan Camino Alfaro decidió renunciar a la defensa legal de Arturo Fernández Bazán. Se desconocen los motivos de esta dimisión, pero se presume que el letrado tomó esa sorpresiva decisión tras la denegatoria de la recusación. Esta situación podría nuevamente prolongar el inicio de este juicio.

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