Trabajadores del Gobierno Regional de La Libertad y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) que llegaron al sector El Sauco, en Quiruvilca (Santiago de Chuco), para inspeccionar el terreno en donde se planea construir un penal de máxima seguridad y un centro de rehabilitación juvenil fueron obligados a retirarse del lugar por las rondas campesinas.

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Manifestantes

Según un video difundido a través de redes sociales, pobladores de diversos sectores, que conocían de la llegada de los funcionarios, los esperaron para recriminarles por no solicitar “autorización” para ingresar a esa zona.

Los manifestantes aseguraban que el terreno tenía dueños, pues habría moradores que se instalaron ahí. Por ello, dijeron que no permitirán la construcción de ningún centro penitenciario.

En las imágenes se ven a decenas de pobladores que dicen pertenecer a las rondas campesinas de Quiruvilca, El Sauco, Sanagorán, Uscate, Usquil, entre otras.

“Esto es propiedad privada, no pueden ingresar así nada más. Quieren imponer acá proyectos y eso no lo vamos a permitir”, dijeron.

Los ronderos, asimismo, aseguraron que los funcionarios que llegaron a El Sauco pretendían colocar la primera piedra de la obra penitenciaria. Incluso, tildaron de mentirosos a los trabajadores y los obligaron a prometer que no regresarían. Esto ocurrió a pesar de que les explicaron que solo inspeccionarían la zona.

Desinformados

El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, también dijo que la delegación solo iba a revisar el terreno de 24 hectáreas. Agregó que quien deberá aprobar y, luego, encargarse de licitar los trabajos será el Ministerio de Justicia.

“Me parece que ahí hay desinformación, es por eso que se ha coordinado con el gerente de Defensa Nacional (Edwin Dávila) y la Subgerencia de Patrimonio para que se haga una coordinación con el Ministerio de Justicia y se haga una mesa de información a nuestros hermanos ronderos. Espero que no sea un tema político, sino de preocupación de la población”, señaló.

Sobre la titularidad del terreno, Namay aseveró que la Región entregó ese espacio a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, quienes a su vez deberán traspasarlo al Ministerio de Justicia para iniciar con todos los procesos de formulación de perfil, expediente técnico y ejecución del nuevo penal.