Pese a que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) declaró la nulidad de oficio de la licencia que autorizó su construcción, el terminal terrestre ubicado en la avenida Fitzcarrald, cerca del cruce con la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, dentro del área de concesión del Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones Gonzales, ya está en pie.

¿Irregular?

Una visita de Correo al lugar permitió constatar que personas realizaban labores en el interior del inmueble y que había personal de seguridad apostado en el ingreso, pese a que la Resolución de Gerencia Municipal N.° 000635-2026 dejó sin efecto la Resolución de Licencia de Edificación N.° 00380-2025, con la que se había autorizado en septiembre de 2025 la ampliación de esta infraestructura.

La decisión, firmada por el gerente municipal Carlos Paredes García, llega meses después de que la empresa gestora del trámite, Transporte Sostenible Perú S.A.C. (TSP), representada por Abdias Segovia Hinostroza, señalara que la obra ya se encontraba ejecutada en su totalidad, y tras un procedimiento en el que la causal original de nulidad terminó siendo descartada y reemplazada por otra.

GIRO. El procedimiento se inició el 8 de junio de 2026, cuando la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU) sostuvo que la obra debió tramitarse bajo la Modalidad “D”, con evaluación previa de una Comisión Técnica, y no bajo la Modalidad “A”, de aprobación automática, con la que se otorgó la licencia.

El argumento no resistió: TSP presentó un oficio del Ministerio de Vivienda que precisó que los proyectos en áreas de concesión para servicios públicos sí corresponden a la Modalidad “A”, lo que llevó a la propia GDU a recomendar reevaluar el procedimiento.

La nulidad, sin embargo, no fue archivada. La Gerencia Municipal la sostuvo en una causal distinta a la que motivó el inicio del proceso: toda intervención física en infraestructura aeroportuaria requiere autorización previa de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), conforme a la Ley de Aeronáutica Civil (N.° 27261) y su reglamento. Esa autorización, según la resolución, nunca fue tramitada.

¿Quién es responsable?

El expediente documenta los descargos de al menos cuatro actores que buscaron deslindarse de responsabilidad por una obra ya construida dentro de un aeropuerto internacional. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), propietario y concedente, argumentó que no participó en el trámite y que la titularidad recayó de manera exclusiva en TSP, empresa que, según el Ministerio, actuó al amparo de la facultad otorgada al concesionario Aeropuertos del Perú S.A. (ADP).

La DGAC informó que no recibió solicitud ni emitió autorización alguna para la obra. Ositran, por su parte, señaló que no se acreditó el cumplimiento de las autorizaciones sectoriales exigibles, la licencia municipal por sí sola resultaba insuficiente, y que tampoco fue informado de algún contrato entre el concesionario y terceros para la construcción.

Esta cadena de deslindes llevó a la Gerencia Municipal a concluir que la licencia se otorgó sin la autorización sectorial previa y vinculante de la autoridad competente, lo que configura, según el documento, una contravención directa al ordenamiento jurídico aeroportuario.

En su parte resolutiva, la MPCh dispuso retrotraer el procedimiento hasta la etapa de calificación de la solicitud presentada en su momento por TSP, y ordenó remitir copia del expediente a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la propia municipalidad, a fin de que dicho órgano determine las responsabilidades administrativas que correspondan por la emisión de una licencia que omitió verificar un requisito sectorial exigido desde 2001.