La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 450 305 en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.

Ello, debido a que servidores y exservidores del nosocomio y de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque aprobaron expedientes técnicos y recibieron trabajos de mejoramiento del área de quimioterapia sin percatarse que su diseño y ejecución no cumplían con las normas técnicas de edificaciones, salud y contrataciones, dando como resultado una infraestructura que debe ser demolida.

El Informe de Auditoría N° 083-2023-2-5343-AC, que evaluó el periodo 1 de enero de 2016 al 2 de setiembre del 2022, detalló que la entidad contrató a un consultor para elaborar el expediente técnico para una infraestructura de dos niveles. Este fue aprobado por servidores de la Geresa Lambayeque, sin observaciones, pese a las deficiencias detectadas en los componentes de “Arquitectura” y “Estructuras” y permitió el pago al contratista y su utilización en la ejecución del proyecto.

Asimismo, contrató los servicios para la ejecución del citado expediente técnico en dos etapas mediante los contratos N° 022-2016 y N° 013-2017 y solamente se efectuaron los trabajos en el primer nivel. No obstante, y a pesar de los incumplimientos y diseños defectuosos, las actas de recepción (de febrero y julio de 2017) emitidas por el supervisor y el jefe de Servicios Generales del hospital otorgaron conformidad sin observaciones.

En el primer contrato se incumplió con el plazo, mientras que el diseño arquitectónico del ambiente de la sala de espera y el ancho del pasadizo de ingreso, no se ajustaron a lo establecido en el expediente técnico. En tanto que, en el segundo contrato la dimensión del cerámico de pisos en servicios higiénicos, y el modelo y dimensiones de puertas tampoco se ajustaron a las características establecidas en el citado expediente.

Luego, la entidad contrató los servicios de una empresa para elaborar el expediente técnico para un tercer nivel cuyo gerente fue el encargado de elaborar el expediente técnico del primer y segundo piso. Los servidores de la Geresa otorgaron también su visto bueno, pese a las deficiencias en los componentes de “Arquitectura” y “Estructuras” y permitieron el pago por la elaboración de dicho expediente.

Posteriormente, se suscribió el contrato N° 008-2020 para la construcción del segundo y tercer piso; sin embargo, fisuras estructurales (en vigas y muros de albañilería del primer nivel construido con anterioridad) obligaron a la suspensión de los trabajos y a la resolución del contrato, lo que afectó la prestación de los servicios de oncología del nosocomio.

Un informe elaborado por un especialista de la contratista daba cuenta de las deficiencias detectadas en la estructura existente que evidenciaba que el ambiente construido no estaría en las condiciones de soportar las cargas de edificación de dos niveles y mucho menos para adicionar un tercer nivel.

Más adelante, un experto contratado por la entidad confirmó que la edificación del primer nivel no era apta para resistir la ejecución de los otros dos pisos debido a que no cumplía con el diseño sismo-resistente, ni con la resistencia señalada para los elementos estructurales. Asimismo, argumentó que el reforzamiento de tales elementos resultaría más costoso que hacer una edificación nueva por lo que recomendó su demolición.

Así también, se contrataron los servicios de un perito del Colegio de Ingenieros del Perú, quien mediante un informe de peritaje concluyó que el proyecto ejecutado no cumplía con las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y que su diseño estructural tenía graves deficiencias. Él recomendó también la demolición de la edificación.

Finalmente, en base a tales evaluaciones estructurales realizadas, mediante Resolución Directoral N° 000307 del 28 de abril de 2022, el titular del hospital dispuso la demolición del primer piso construido.

La Contraloría General identificó la presunta responsabilidad civil de cinco servidores y exservidores del hospital, así como de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque. El informe fue comunicado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para las acciones civiles, con el fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes.

De igual manera, fue notificado al titular del Gobierno Regional de Lambayeque para las acciones que permitan asegurar un mejor control administrativo.

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