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Denuncias golpean gestión de Janet Cubas en Chiclayo

Comedores populares alertan desabastecimiento de alimentos, mientras se cuestionan contratos municipales y una investigación por presunto acoso laboral. Alcaldía enfrenta reclamos ante Fiscalía y órganos de control.
Administración edil de Janet Cubas bajo el escrutinio.

Elly Melissa Romero Zavaleta

Actualizado el 02/08/2026, 09:00 p.m.

Una seguidilla de denuncias muestra una realidad preocupante en la actual gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) que dirige la alcaldesa, Janet Cubas Carranza.

Sin alimentos

Un grupo de madres que participan en el programa de comedores populares de la municipalidad protestó en los exteriores del Ministerio Público, para informar que, desde el mes de marzo, dicha comuna no cumple con otorgar las raciones completas de alimento, porque no logra sacar con éxito las licitaciones de adquisición, pese a contar con un presupuesto programado.

Son 273 comedores y más de 13 mil familias afectadas a lo largo de veinte distritos, a raíz de esta deficiencia.

La gota que hizo derramar el vaso ocurrió antes de finalizar julio, pues la Gerencia de Programas Sociales y Promoción de la Familia comunicó a las dirigentes del Comité de Gestión de la Provincia de Chiclayo que solo recibirían dos productos, lo cual desató mucha indignación porque, de acuerdo a la ley, cada Comedor tiene que contar con leche, arroz, conservas de jurel, menestras y aceite. La canasta incompleta no permite trasladar la ayuda a quienes así lo necesitan.

“Si no otorgan el producto, a dónde va el presupuesto. La excusa es que se cae el procedimiento o que el proveedor no cumple. Estamos cansadas de callar, porque se burlan de nuestra necesidad”, señaló Esther Cumpa, del Comité de Reque.

Durante la manifestación se conoció que al inicio del desabastecimiento, el personal de Programas Sociales, en su afán de evitar los reclamos, repartió leche y conservas provenientes del Vaso de Leche y del Programa de Complementación Alimentaria, y esto fue confirmado por Silvia Gonzales Jaramillo, integrante del Comité de Gestión.

“Hemos expuesto lo sucedido a la Fiscalía Anticorrupción y vamos a denunciar en la Comisaría de La Victoria lo que viene ocurriendo, porque no han respetado su compromiso”, expresó.

Sobre esta denuncia, el regidor Carlos Gonzales García exhortó al Órgano de Control a determinar las posibles responsabilidades, porque está en juego el derecho de decenas de familias vulnerables. “Control conoce de estos problemas muy serios. Además, parece que algunos funcionarios de Programas Sociales de la alcaldesa mienten, ya que en la última sesión se consultó cómo iban las licitaciones, y ellos dijeron que no había desabastecimiento”.

Luego de sostener una reunión con las representantes del Comité de Gestión, la Gerencia de Programas Sociales aseguró que la entrega de alimentos inició de manera parcial y que en los próximos días se completará la canasta con aquello que falta. También indicaron que la municipalidad realizó las gestiones correspondientes y contó con proveedores interesados en atender el requerimiento; sin embargo se presentaron dificultades que impidieron concretar oportunamente las compras.

Contratación

El último viernes 31 de julio, Segundo Valdez Cruz, quien es parte de la Coordinadora Regional de Transportes, hizo pública una denuncia sobre una presunta contratación irregular de un servicio de mantenimiento a una camioneta de la Subgerencia de Residuos Sólidos. El titular de esa área Luis Escobar Gil firmó contrato de servicio con el proveedor, César Guzmán Maza, bajo la modalidad a todo costo por el monto de S/ 42 mil 625, pese a que el vehículo modelo Hilux data del año 2015.

“Son los propios trabajadores que comunican esta denuncia, pues se preguntan cómo pudo aprobarse un trabajo de esa índole, si la entidad tiene su taller. Ellos piden que la Fiscalía ponga más interés, no pueden dar la cara, porque luego son objeto de represalias. Incluso habría otras irregularidades en las contrataciones CAS”, sostuvo en diálogo con Correo.

acoso. Un tercer hecho que vio la luz es sobre el presunto delito de acoso que sufrió una trabajadora de Seguridad Ciudadana por parte del encargado de monitoreo de Cámaras de Vigilancia, Víctor Oyola Vílchez.

A la fecha está en trámite la carpeta N°4986-2026 ante la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo. Según la agraviada, entre marzo y junio, recibió mensajes vía WhatsApp desde el número de Oyola, a través de los cuales este le ofrecía salir a tomar cerveza a “un lugar adecuado”. La presunción es que el denunciado aprovechó su posición para hacerle propuestas fuera de lugar a la trabajadora, y si ella accedía, entonces retornaría a su puesto en la Central de Cámaras.

Dato

Desde mayo está en Fiscalía una denuncia por cuestionados contratos a proveedores de Piura y Chimbote

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