La defensa legal del expresidente de la República, José Balcázar Zelada, planteó un recurso de transferencia de competencia, para lograr que su juicio por el presunto delito de apropiación ilícita en agravio del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) ya no continúe a cargo del Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, y sea derivado a la Corte de Justicia de Lima.
Recurso judicial
Sobre este proceso penal aún está pendiente que en el litigio se defina si existe responsabilidad civil en el acusado. Un fallo en contra de Balcázar implicaría que sea obligado a cancelar una reparación por el monto de S/348 mil a favor del ICAL, organización donde fue decano en el periodo 2019-2020.
El juicio inició el pasado 30 de junio y continuará el 21 de agosto, luego de que el Segundo Juzgado rechazó un pedido de prescripción de la acción civil, interpuesto por el abogado del exmandatario en un esfuerzo por cerrar el caso, debido al tiempo transcurrido desde que se formalizó la investigación preparatoria.
En el pedido de transferencia de competencia, Balcázar argumenta que existe riesgo para el principio de imparcialidad, porque el juicio ha tenido una constante exposición mediática.
Asimismo, señaló que el juez a cargo de su proceso, Juan Álex Cubas Bravo, es colegiado del ICAL, lo que podría favorecer a la parte supuestamente agraviada. Su tercer motivo para desconfiar es la estrecha relación institucional entre la Corte de Lambayeque y el Colegio de Abogados.
La transferencia de competencia en el Poder Judicial es un mecanismo procesal excepcional que traslada un caso (usualmente penal) de un juez a otro, ya sea dentro del mismo distrito judicial o hacia uno diferente.
Dato
Las pruebas que Balcázar Zelada alcance para la transferencia serán analizadas por una instancia superior de la Corte.
Expresidente pide que su juicio por apropiación ilícita sea trasladado de Chiclayo a Lima
La defensa de José Balcázar Zelada argumenta que existe un riesgo para la imparcialidad del proceso, debido a la exposición mediática y a los vínculos institucionales entre el juez a cargo del caso y el Colegio de Abogados de Lambayeque, entidad que figura como agraviada.