La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque iniciará diligencias para esclarecer una denuncia por presunto tráfico de influencias que alcanzaría a trabajadores del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh). La investigación se basa en el testimonio de un chofer de transporte público que afirma haber sido contactado por intermediarios que ofrecieron reducirle una deuda a cambio de dinero.

Investigación fiscal

Según la denuncia, en septiembre del año pasado el conductor recibió una papeleta por la infracción 0-24 y su vehículo fue internado en el depósito municipal de La Despensa. Al acudir a la sede del SATCh en el óvalo Santa Elena para pagar S/ 772.50 y retirar la unidad, un trabajador le indicó que también debía cancelar infracciones anteriores.

Pese a que el chofer dijo haber presentado una solicitud de prescripción, le informaron que, mientras no se expidan las resoluciones, debía cubrir el monto total de la deuda: S/ 18 mil. El conductor empezó a pagar algunas papeletas, reduciendo la cifra a S/ 9 mil.

En una de sus visitas, un hombre que se identificó como “Edinson” se le acercó y le ofreció apoyo para retirar el vehículo, alegando tener “contactos” dentro del SATCh. El costo inicial sería de S/ 3 mil, monto que luego se redujo a S/ 2 mil. Este intermediario proporcionó un número de celular para coordinar la entrega.

Posteriormente, apareció otro presunto implicado, presentado como “Beto”, quien recibiría S/ 400 en una primera entrega y S/ 1,600 en una segunda. El primer encuentro con ambos ocurrió el 7 de septiembre de 2024 en el parque Chocano, en José Leonardo Ortiz, donde el chofer entregó el dinero. Para generar confianza, “Beto” mostró expedientes de otros vehículos.

El 9 de septiembre, la unidad del denunciante fue retirada del depósito. Según su declaración, “Beto” exigió el pago restante y les advirtió que ya había “cumplido” y que “fueran legales”, pues —según dijo— sabía cómo defenderse si ellos denunciaban el hecho. Este episodio ocurrió en los exteriores de La Despensa.

En su análisis preliminar, la Fiscalía ha determinado que el conductor habría sido engañado por un grupo que mantendría vínculos con el SATCh, dado que la deuda del denunciante ya estaba extinguida al momento de los hechos.

Para establecer responsabilidades, el Ministerio Público solicitará el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esta medida permitirá acceder al registro de llamadas, mensajes de texto y chats de WhatsApp de los presuntos implicados.

La investigación también considera otra hipótesis: la posible falsificación de documento público, delito que se sanciona con 2 a 10 años de prisión. En el caso del presunto tráfico de influencias, la pena oscila entre 4 y 8 años.