La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque presentó acusación ante el Poder Judicial por colusión agravada contra cuatro personas, dos exfuncionarios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) y dos representantes de una empresa contratista, por presuntamente aprobar y cobrar pagos correspondientes a trabajos de construcción que nunca se ejecutaron o se hicieron con materiales distintos a los contratados, en la obra de mejoramiento de la Facultad de Medicina Veterinaria.
Acusación
Según el requerimiento fiscal, al que tuvo acceso Correo, el perjuicio económico asciende a S/232,927.63 y la Fiscalía solicita penas de entre 6 y 9 años y medio de prisión efectiva.
Los acusados son Guillermo Alberto Vásquez Miranda, entonces inspector de la obra, y Rosemary Elizabeth Taboada Veliz, jefa de la Oficina de Desarrollo Físico de Obras de la UNPRG, señalados como autores. Como cómplices figuran Yuri Manuel Chávez Paredes, representante de la empresa MAFER SAC, y el residente de obra Florencio Evaristo Rodríguez Aguirre. La acusación fue presentada por el fiscal José Guevara Gilarmas.
Entre mayo y setiembre de 2015, el contratista presentó seis valorizaciones, documentos que certifican el avance de obra para autorizar pagos, declarando un progreso del 100%. Una comisión auditora de la Contraloría verificó después que varias partidas nunca se habían ejecutado o se hicieron con materiales de menor calidad.
Entre lo pagado sin construirse figuran muros, pisos, lavaderos, tableros eléctricos, un transformador, un sistema UPS y un grupo electrógeno por más de S/53,000. La Fiscalía sostiene que estas irregularidades eran detectables “a simple vista”.
El 7 de diciembre de 2015, el comité de recepción detectó deficiencias, entre ellas un ambiente de rayos X sin las especificaciones de bioseguridad requeridas, y el residente de obra se negó a firmar el acta. Tres días después, el mismo comité firmó sin dejar constancia de esas observaciones.
En octubre de 2017, la Contraloría inspeccionó el inmueble y halló fisuras en columnas, vigas y muros, además de equipos aún empacados sin instalar. Un informe de Defensa Civil concluyó que el edificio había quedado inhabitable.
La Fiscalía consideró agravante que Vásquez Miranda y Chávez Paredes ya registraban antecedentes por libramiento de cobro indebido. Por ello, sus penas solicitadas son mayores: 9 años y medio, y 9 años de prisión, respectivamente.
Para Taboada Veliz y Rodríguez Aguirre, sin antecedentes, se pidieron 6 años y medio, y 6 años de cárcel. Todos enfrentan además inhabilitación para cargos públicos y el pago solidario de S/291,159.53 por reparación civil.
Daño
La UNPRG dejó vencer sin renovar la carta fianza del contratista (S/329,656.58) durante casi tres meses, sin garantía alguna sobre la obra.
Fiscalía pide hasta 9 años y medio de cárcel por presunta colusión en obra de la UNPRG
Dos exfuncionarios y dos representantes de una empresa contratista son acusados de aprobar pagos por trabajos no ejecutados o realizados con materiales distintos a los contratados. El perjuicio económico supera los S/232 mil.