Jales de lujo. La Contraloría General de la República inhabilitó para el ejercicio de la función pública a 04 exfuncionarios de la Gerencia Regional de Salud – Lambayeque (Geresa).

SANCIONADOS. El órgano contralor impuso la sanción de 04 años de inhabilitación contra Ramiro Huanambal Pérez, exadministrador de la Geresa, quien actualmente labora como jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

Asimismo, impuso la sanción de 03 años de inhabilitación contra Paul Michael More Vásquez, exasesor legal de la Geresa, quien actualmente se desempeña gerente de Asesoría Jurídica y jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

La misma sanción se dictó contra Marco Antonio Carranza Barces y José Héctor Lluén Cumpa, exadministrador y exjefe de Recursos Humanos de la Geresa, respectivamente.

HECHOS. La Contraloría les atribuye a los ahora funcionarios municipales haber causado un perjuicio económico de 421,000 soles al Estado.

Esto, debido a que pagaron de manera irregular adicionales por concepto de incentivos a trabajadores administrativos que pertenecen al régimen laboral N° 276.

Según el Informe de Control Específico N° 28120-20222, los exfuncionarios de la Geresa aprobaron el “Otorgamiento de montos adicionales por concepto de incentivo único- CAFAE a favor del personal administrativo para el periodo 20 de julio al 1 de diciembre del 2021″.

De la auditoría, se determinó que fueron 154 trabajadores administrativos de la Geresa quienes se beneficiaron de estos incentivos sin que hayan sido incluidos en el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE).

“Pese a que tenían conocimiento de la Resolución Directoral N° 88-2021 del 30 de junio del 2021 que emitió la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual dispone que no se realicen desembolsos por incentivos al personal administrativo que no está reconocido por el CAFAE, estos aplicaron el beneficio económico a 154 trabajadores”, consta en el informe.

Ante estos hechos, el procurador de la Contraloría General de la República interpuso una demanda de indemnización ante el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo contra los cuatro exfuncionarios, a quienes les exige el pago de 421 mil soles.

“Notificar la presente resolución a los administrados señalados, quienes podrán interponer recurso de apelación en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de su notificación, conforme a lo establecido por el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional”, resolvió la Contraloría.

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