El Congreso de la República aprobó el 3 de diciembre la inhabilitación por 10 años de la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, tras una serie de votaciones que evidenciaron cambios de postura y una creciente distancia entre las decisiones parlamentarias y la percepción ciudadana.

Todos los congresistas de la región Ica, que asistieron a las sesiones terminaron respaldando la sanción, pese a que amplios sectores de la población consideran que la medida responde más a intereses políticos que a criterios estrictamente jurídicos.

Votación de legisladores

La primera votación del Proyecto de Resolución Legislativa 13439, realizada a las 11:56 a. m., no logró aprobar la inhabilitación. Los congresistas iqueños Raúl Doroteo, José Luis Elías y Raúl Huamán votaron a favor, mientras que Jorge Marticorena no asistió. El Pleno no alcanzó los votos necesarios, un resultado que inicialmente pareció cerrar el caso.

Minutos después, el Pleno debatió el Proyecto 13440, que declaraba haber lugar a la formación de causa penal contra la fiscal suprema por presunta comisión de delitos. En esta votación, Doroteo y Huamán apoyaron la medida, mientras que Elías y Marticorena estuvieron ausentes.

Sin embargo, el escenario dio un giro por la tarde. A las 3:20 p. m., se sometió a debate la reconsideración de la primera votación del proyecto 13439. Esta vez, los cuatro congresistas de Ica —incluido Marticorena, que había estado ausente en la mañana— votaron a favor de reabrir el proceso, alineándose de manera unánime.

Dieciséis minutos después, a las 3:36 p. m., se llevó a cabo la votación definitiva. Doroteo, Huamán y Elías volvieron a respaldar la inhabilitación, mientras que Marticorena volvió a ausentarse en el momento decisivo. Con el apoyo de 71 congresistas, frente a 19 votos en contra y 3 abstenciones, el Parlamento aprobó finalmente la sanción contra Espinoza.

El proceso que culminó en su inhabilitación se remonta a octubre de 2024, después de que congresistas de distintas bancadas presentaran una denuncia que involucraba a varios fiscales supremos por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

Tras la aprobación, la congresista Susel Paredes presentó una reconsideración buscando revertir la decisión, pero su pedido fue rechazado sin mayor debate.

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