La Fiscalía Superior Penal de Pisco logró que se confirme la sentencia condenatoria de 35 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Toribio Joaquín Ramírez Guerrero de 63 años, declarado responsable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de su propia hija de apenas ocho años.

La ratificación de la condena constituye un importante resultado en la persecución de los delitos sexuales cometidos contra menores, especialmente cuando el agresor pertenece al entorno familiar de la víctima.

Sujeto condenado

La actuación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal superior Orlando Hugo Gómez Oscorima y de la fiscal adjunta superior Cinthia Irina Trigozo Vásquez, integrantes del equipo de la Fiscalía Superior Penal de Pisco. Durante la audiencia de apelación, ambos representantes fiscales sustentaron los argumentos jurídicos correspondientes y rebatieron los cuestionamientos formulados por la defensa del sentenciado, con el objetivo de mantener la pena impuesta en primera instancia.

Tras evaluar los argumentos expuestos durante el proceso, los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco declararon infundado el recurso de apelación presentado por el condenado y confirmaron la pena de 35 años de prisión efectiva. De acuerdo con la información fiscal, la duración de la condena responde a la aplicación de la doctrina legal vinculante de la Corte Suprema para casos cuya sanción original contempla la cadena perpetua. De esta manera, el tribunal ratificó la responsabilidad penal del acusado y descartó los argumentos presentados para modificar la sentencia.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los hechos se produjeron en el distrito de San Clemente, donde el sentenciado habría aprovechado la convivencia y el entorno familiar para vulnerar de manera continuada la indemnidad sexual de la menor.

Las agresiones físicas, psicológicas y sexuales fueron descubiertas luego de las diligencias realizadas tras el fallecimiento de otra familiar que residía en la vivienda. Además de la pena privativa de libertad, el fallo establece el pago de 8 mil soles por concepto de reparación civil.

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