El año pasado la empresa Electronorte S.A. se metió en problemas legales muy serios. Según un informe del Órgano de Control Institucional (OCI), la empresa perfeccionó el contrato para el servicio de atención al cliente y recaudación de la unidad de negocios en las localidades de Lambayeque y Ferreñafe, pese a que el postor ganador de la buena pro -Gestión Consultorías y Multiservicios  (Gescom) SAC- no acreditó todos los documentos obligatorios requeridos.

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Este hallazgo es detallado ampliamente en el informe de control posterior Nº 24-2023, elaborado por el (OCI). Durante dicha etapa, Electronorte aceptó la solicitud de retención del monto de la garantía de fiel cumplimiento, presentada por el contratista, cuando su obligación era exigir que, en el plazo correspondiente, Gescom  entregue la garantía por el equivalente al 10%  (aproximadamente S/ 1 millón) del monto contratado S/ 10,330,379. Frente a esta irregularidad, los funcionarios de Electronorte accedieron a firmar el contrato hace casi un año.

Otro detalle es que la empresa no aplicó penalidades por el incumplimiento de las condiciones para la implementación del servicio, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública en favor del contratista, advierte el órgano de control.

Esto quiere decir que el contratista incumplió con los requisitos y actividades de los plazos de implementación respecto a los días 1,4,7,10,20,22,24,28,30 y en los días 1,4,7,12,16,20,26.

La documentación muestra que Yomira Yaipén, Claudia Flores y Fiorella Samamé firmaron el acta de inicio en fecha 1 de febrero del 2023, cuando la cláusula quinta del contrato fijaba como inicio el 04 de enero.

El plazo de ejecución era de 30 días y debía terminar a más tardar el 5 de febrero. Sin embargo, todo ello fue pasado por alto por los funcionarios. Es a raíz de este hecho que el informe del OCI indica que los involucrados también faltaron a sus obligación éticas, que están reguladas en la Ley del Empleado Público.

Según las conclusiones del informe los funcionarios deberán ser procesados a nivel penal (denuncia en Fiscalía) y ante la instancia del procedimiento administrativo sancionador.  En esta lista aparecen: Luis Eduardo Piscoya Salazar (gerente regional), Fiorella Tatiana Samamé Guevara (supervisora del servicio de Atención al Cliente)  Yomira Ericka Yaipén Quiroz (jefa de Servicio al Cliente), Rozana Marylin Chávez Pasco (exgerente de Administración), Franco Felipe Castillo Querebalú (jefe de Logística), Juan Miguel Lara Doig (jefe de Asesoría Legal), Jose Lin Mechán Capuñay (Jefe Comercial de la Unidad de Sucursales), Claudia Ana María Flores Ruiz (Atención de Servicio al Cliente) y Percy Espinoza Castro (Supervisor del Servicio al Cliente).

Toda la información se encuentra en el despacho del presidente del directorio, Roberto Ramírez Arcelles.

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