El electo congresista por Lambayeque, Marvin Palma Mendoza, del partido político Fuerza Popular, afrontará una investigación por el presunto delito de organización criminal.

Se trata de una denuncia contra el flamante legislador y otros 24 investigados, además de 9 personas jurídicas, que formarían parte de una red criminal, vinculada a la administración de las empresas Agropucalá S.A.A. e Industrial Pucalá S.A.C.

Inicialmente, dicha denuncia había sido archivada en dos oportunidades por el fiscal Juan Mogollón Castillo, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor); sin embargo, el caso será reabierto.

Detalles

La Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque declaró nula la Disposición Nº 17 emitida por la Fecor (de fecha 06 de febrero de 2026), la cual pretendía archivar la investigación que se le sigue a Max Ayora Inoñán (exgerente de Agropucalá), Luis Dávila Dávila (exadministrador judicial), Marvin Palma Mendoza (electo congresista) y otros.

La decisión de anular el archivo se fundamenta en que, el fiscal provincial omitió realizar un análisis técnico y detallado sobre las conductas imputadas a los investigados, limitándose a argumentar que el denunciante, Edmundo Gálvez Rodríguez, no se ratificó en sus cargos durante una declaración ampliatoria.

El fiscal superior Víctor Meléndez Arrascue enfatizó que, en delitos de persecución pública como la organización criminal, la falta de ratificación del denunciante no es causa de archivo ni extingue la acción penal; por lo que el Ministerio Público tiene la obligación de continuar la investigación.

“La Fiscalía tiene la obligación de continuar con el proceso penal y deberá agotar la actividad necesaria para determinar la atipicidad del evento incriminado”, señala la disposición N° 05-MP-1FSPA-LAMB.

Debido a que esta es la segunda vez que se declara la nulidad de una decisión de archivo por vicios en la motivación, el despacho superior dictó medidas drásticas: “Se ordena la exclusión de oficio del fiscal provincial y de la fiscal adjunta provincial responsables de la conducción de la carpeta N.° 09-2022”.

Además, ordenó que se remitan copias certificadas a la Autoridad Desconcentrada de Control del Distrito Fiscal de Lambayeque para investigar la conducta de los fiscales por la presunta falta de motivación recurrente.

Asimismo, dispuso que la Coordinación de la Fecor reasigne el caso a un nuevo despacho a fin de que emita una nueva disposición, debidamente motivada con arreglo a ley.

Cabe indicar que la denuncia interpuesta por Edmundo Gálvez Rodríguez, sostiene la existencia de una presunta organización criminal que, desde el año 2014, se habría enquistado en las administraciones judiciales de la empresa azucarera Pucalá.

Sostuvo que esta red habría operado a través de “brazos legales, testaferros y empresas fachada para el supuesto desvío de activos, defraudación tributaria y lavado de activos”.

El denunciante advirtió la utilización de empresas vinculadas (algunas nacionales y otras offshore en Panamá o Islas Vírgenes Británicas) para realizar supuestas operaciones comerciales simuladas o sobrevaloradas, que habría permitido la extracción de ganancias ilícitas de las empresas azucareras.

En la lista de investigados, además de Maxs Ayora Inoñán, Luis Dávila Dávila y el congresista electo Marvín Palma Mendoza, también figura: Alex Neira Guerrero, José García Vílchez, Blanca Vargas Villalobos, Catherin Cienfuegos Quiroz, José Ocaña Vargas, Maximiliano Ayora Garagate.

Asimismo, Lidia Inoñán Siesquén, Willy Córdova Vargas, Ingrid Abad Suárez, Ludeck Linares Abad, Alexander Timaná Izaga, Jackeline Ayora Inoñán, Julio César Flores Fernández, Alexander Fernández Mendoza, Milagros Farro Medina, José Burga Peralta, Wilfredo Chero Villegas.

También Olivio Perales Huancaruna, Yolanda Pérez Arrascue, Paulina Ventura Zapata, Ángela Medina Ruiz y Oscar Tenorio Torres.

Responde

Consultado sobre su versión de los hechos, el abogado Maxs Ayora Inoñán señaló que la disposición superior es clara al establecer que la nulidad de la disposición de archivo de primera instancia fue declarada únicamente por una cuestión de carácter formal.

Según explicó, el fiscal provincial omitió emitir un pronunciamiento expreso e individualizado respecto de aquellos investigados sobre quienes el denunciante no ratificó su denuncia.

En ese sentido, precisó que el fiscal superior consideró que la falta de ratificación de la denuncia por parte del propio denunciante no eximía al fiscal provincial de evaluar la concurrencia de los elementos del tipo penal atribuido respecto de dichos investigados y, por ello, dispuso la emisión de un nuevo pronunciamiento que analizara de manera específica la situación jurídica de cada uno de ellos.

“Confío en que, al igual que todas las denuncias que han sido presentadas maliciosamente en mi contra, esta investigación también sea archivada, pues tras cuatro años de extensas investigaciones, ha quedado suficientemente acreditado que no existe una sola prueba que sustente las imputaciones formuladas en mi contra”, manifestó.

Correo también buscó la versión del electo congresista Marvin Palma y del empresario Olivio Huancaruna, pero no hubo respuesta hasta el cierre de la edición.

Denunciaron a administraciones judiciales

Mediante procesos judiciales se designaron administraciones judiciales —señaladas como “títeres”— que permitieron que Max Ayora Inoñán (denunciado como presunto cabecilla) asumiera la gerencia general y el control de facto de ambas empresas desde 2014. Usaron personal de seguridad armado para reprimir reclamos de trabajadores por pagos atrasados.