Las municipalidades distritales de Picsi, Eten, Salas, Tumán, Monsefú y La Victoria no ejecutaron el presupuesto del año 2022, destinado a financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que deben realizar las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad, afectando así la promoción, protección y realización de actividades en favor de las personas con discapacidad en la región. Así lo detalla la Contraloría en informes publicados el pasado 29 de diciembre.

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De acuerdo a la ley de presupuesto fiscal, las  autoridades regionales y municipales tienen asignar el 1% de sus presupuestos a la atención de personas con discapacidad. Un 0,5 % para accesibilidad urbanística y arquitectónica y el otro 0,5 %, para el funcionamiento de las oficinas de atención a la discapacidad (Oredis y Omaped).

Asimismo, ceñirse al Reglamento Nacional de Edificaciones para los nuevos proyectos de obras, o la adecuación de los ya existentes.