Son más de 70 organizaciones de la sociedad civil que este jueves 19 de enero participarán en el paro cívico-popular, convocado en todo al país para demandar el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte.

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Así lo informó el secretario de Defensa de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) de Lambayeque, Wilmer Antón Mayanga.

Agregó que en la región se acatará un paro y movilización; esta última comenzará en el Parque Obrero de Chiclayo desde las 9:00 a.m. Asimismo, dijo que una delegación de sindicatos y asociaciones de Lambayeque estará en la marcha nacional que se realizará, en esta misma fecha, en la ciudad de Lima.

“Seguimos con la petición para que se instale la asamblea constituyente. Además, exigimos el cese de las intervenciones de la Policía Nacional y Fiscalía, a pesar de que hay manifestaciones pacíficas, las autoridades han abierto denuncias penales a los dirigentes. No más persecución”, expresó Antón.

También aseguró que las movilizaciones son financiadas con recursos propios. “No nos regalan polos blancos ni estamos siendo financiados”, dijo.

La plataforma de lucha contempla el pedido de justicia para los manifestantes y un policía que murieron en el marco de la convulsión social.

De otro lado, el Colectivo Ciudadano Regional Lambayeque informó que el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), César Vargas Rodríguez, expresó su solidaridad con los dirigentes sindicales, a quienes el Ministerio Público ha incluido en una indagación preventiva por los presuntos delitos de disturbios y desobediencia a la autoridad.

Llamado

El fiscal de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo, Erland Sánchez, negó que exista una persecución contra los opositores del actual Gobierno, a través de la fiscalía.

“La Fiscalía no tiene nada contra los dirigentes, no se trata de una persecución, es solo una exhortación. Los fiscales no estamos a favor de uno u otro, nosotros velamos porque se cumpla la legalidad”, aseguró a Correo.

El magistrado dijo que la ley prohíbe la violencia, abusos y excesos de parte de los ciudadanos y de la autoridad.

“Se debe evitar el costo social, hemos coordinado con la Policía Nacional para que se cumplan los protocolos y reglamentos. A quienes marchen, la recomendación es que tengan voceros para el diálogo. En las detenciones, hay protocolos de actuación, quienes cometan flagrancia deben ser puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía”, explicó Sánchez.

Agregó que la seguridad durante la movilización estará en manos de la Región Policial de Lambayeque y de las comisarías de cada provincia.

El fiscal enfatizó que, en caso de disturbios, los efectivos policiales están autorizados a emplear armas disuasivas y a identificar a los revoltosos. Las armas letales solo deben ser usadas para neutralizar actos que pongan en peligro la vida de los demás.