El proyecto de adquisición de ambulancias para 34 centros de salud; la ejecución de las avenidas La Colectora y Pedro Cieza de León; el expediente del nuevo Hospital de Ferreñafe, la compra de un tomógrafo para el Hospital Las Mercedes y la deuda que mantiene este nosocomio con profesionales médicos, son algunos de los pasivos que asumirá la gestión del nuevo gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, según fuentes consultadas por Correo.

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En el proyecto de la avenida La Colectora, el Gobierno Regional programó una inversión de S/ 8 millones, pero hasta la fecha esta obra registra un 70% de avance. Además, existe un reclamo legal de vecinos que demandan al Estado el reconocimiento de un justiprecio, pues aseguran que los trabajos se ejecutaron en áreas que son de propiedad privada.

En Pedro Cieza de León el panorama es similar, debido a que fallas en el saneamiento físico legal de los terrenos han derivado en una paralización de la obra.

A inicios de este mes, el Consejo Regional elaboró un informe sobre los presuntos actos de connotación penal y administrativo en la que habrían incurrido funcionarios del periodo en que fue gobernador provisional, Luis Díaz Bravo.

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Durante esa gestión se concretó la adquisición de ambulancias para 34 centros de salud. En noviembre, el saliente gobernador, Anselmo Lozano Centurión, indicó que el proceso sería anulado, debido a que no se cumplieron las especificaciones técnicas

Pero la Gerencia Regional de Salud (Geresa) canceló S/ 3 millones 750 mil por 10 ambulancias rurales, pese a que se pactó un pago único por la entrega del total y se realizó sin contar con la conformidad del responsable de almacén general.

Es por ello que se teme una acción legal por parte del Consorcio Grupo Médico Lambayeque, ya que el contrato fue por un total de S/ 12 millones.

Fuentes del Gobierno Regional aseguraron que son, al menos, 15 proyectos de salud, educación e infraestructura, que no han terminado por aspectos técnicos y legales.

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Fiscalización

El consejero regional, Manuel Huacchillo Gonzales, señaló que mediante labores de fiscalización, efectuadas junto a sus colegas, advirtió 8 casos de presunta irregularidad en los sectores salud, educación e infraestructura y que aún no se resuelven.

“Hay hechos que se investigan en Fiscalía, pero desde el Consejo advertimos claramente que las gestiones pusieron a personal que no contaba con experiencia en gestión pública y eso provocó una cadena de negligencias y retrasos”, declaró.

Agregó que los hallazgos sobre un presunto accionar delictivo en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) implica a varios exfuncionarios, pero que dependerá del Ministerio Público delimitar las responsabilidades, ya que en el GORE no hubo voluntad de llegar a la verdad.