Los casos de violencia contra la mujer, en sus diversas modalidades, continúan en incremento cada año. En el 2018 hubo 95,317 casos y en el 2019 llegó a 149,412, según el Ministerio de la Mujer.

Una de las barreras que se presenta en la lucha para acabar con el maltrato hacia la mujer es la alta demanda y carga procesal que tiene el Ministerio Público para revisar estos casos, precisó Cecilia Gonzales Fuentes, fiscal superior integrante de la Comisión de Trabajo para el Abordaje de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.

700 casos

Existen 42 fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, donde laboran poco más de 300 fiscales. Cada uno de estos representantes del Ministerio Público, según alertó la representante, tendría que atender 700 casos por año. Pero esto no ocurre. La demanda es tan alta que se ha podido registrar que hay fiscalías que han atendido entre 6 mil y 7 mil casos.

Carga laboral

La Defensoría del Pueblo detectó que las tres Fiscalías Provinciales Transitorias Especializadas en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar que hay en Lima Sur no se dan abasto para atender a los vecinos. “El personal de estas dependencias del Ministerio Público no solo trabaja en espacios inadecuados, sino que además enfrenta una alta carga laboral, lo que ocasiona que los procesos de violencia contra las mujeres se dilaten, debido a que además no cuentan con el número de trabajadores necesarios para su labor”, comentó el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur, Percy Tapia.