La Asociación de Colegios Privados de Lima cuestionó el retorno a la modalidad virtual aprobado por el Gobierno ante la crisis energética que atraviesa el país. Esta medida busca paliar la escasez de gas que ha paralizado el transporte público y privado en la capital, afectando directamente el normal desarrollo de las actividades escolares presenciales.

La organización educativa sostiene que la enseñanza a distancia no garantiza igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de la ciudad. Familias numerosas enfrentan serias limitaciones tecnológicas que excluyen a miles de alumnos del proceso de aprendizaje continuo.

El gremio privado advierte sobre las consecuencias desiguales que genera esta disposición en distintos segmentos poblacionales. Según adviertieron, muchos hogares carecen de dispositivos electrónicos suficientes o conexiones de internet confiables para sostener sesiones educativas simultáneas.

La asociación enfatiza que el sector educativo resulta el más vulnerable ante emergencias externas de esta naturaleza. Las instituciones escolares suelen ser las primeras en suspender operaciones y las últimas en recuperar su ritmo habitual de trabajo.

En el ámbito de la educación inicial, la organización destaca la imposibilidad de sustituir experiencias prácticas por contenidos digitales. Los niños pequeños necesitan interacción física, exploración sensorial y contacto directo con sus pares para consolidar aprendizajes fundamentales.

Las escuelas privadas subrayan que los colegios cumplen una función integral más allá de la transmisión académica. El ambiente escolar fortalece habilidades sociales, vínculos afectivos y el equilibrio emocional indispensable para el desarrollo adolescente.

ACOPRI reclama que las autoridades declaren la continuidad educativa como prioridad absoluta del Estado. Por ello,solicitan al Consejo de Ministros implementar medidas excepcionales que preserven el calendario lectivo sin perjuicio para los estudiantes.

Representantes del sector educativo limeño exigen soluciones creativas que resuelvan la contingencia logística actual. La infraestructura escolar debe permanecer operativa para evitar pérdidas irreparables en el proceso formativo nacional.

Finalmente, la asociación reafirma que el Estado debe posicionar la educación en el centro de toda política de emergencia. El aprendizaje presencial configura un derecho insustituible para la formación integral de las futuras generaciones del país.