Más de 100 familias de la asociación de vivienda Villa El Diluvio, en la provincia de Ica, mantienen firme su decisión de defender los hogares que han construido durante años y exigen que las autoridades escuchen su situación antes de adoptar cualquier medida que pueda dejarlas sin un lugar donde vivir. La controversia con la Municipalidad Provincial de Ica gira en torno a la condición legal de los terrenos, los antecedentes registrales y el alcance de las resoluciones administrativas que contemplan el desalojo y la demolición de las construcciones. Frente a este escenario, los residentes sostienen que su permanencia debe ser evaluada considerando la historia de ocupación del sector, los documentos existentes y su pedido de formalización.

Más de 100 familias en posesión

El abogado de la asociación, Juan Raymundo Jayo, presentó una serie de antecedentes administrativos, judiciales y registrales para cuestionar que la municipalidad invoque un mandato de la Corte Suprema como una autorización directa para retirar a las familias y demoler sus viviendas. Su principal argumento es que los pronunciamientos judiciales ordenan hacer efectivo lo dispuesto en determinadas resoluciones administrativas, pero no contienen una nueva disposición judicial que ordene expresamente el desalojo.

La historia del terreno se remonta a la antigua configuración territorial de Ica, cuando los fundos La Palma Grande y La Palma Chica pertenecían a José Bertelo Masperi. Posteriormente, con el crecimiento urbano, se establecieron áreas destinadas a aportes recreativos y otros usos. Entre los documentos expuestos por la defensa figura la Resolución Directoral Regional N.° 058-82-MV-DR.ICA, del 20 de abril de 1982, que aprobó la lotización de la segunda etapa de dicha urbanización, con una superficie total de 182,041.90 metros cuadrados. En ese diseño se consideraron 23,514 metros cuadrados para un complejo deportivo y 21,650.34 metros cuadrados para el Parque Zonal N.° 02.

Sin embargo, el abogado sostuvo que la condición de estos terrenos habría experimentado modificaciones posteriores que deben ser tomadas en cuenta para determinar su situación actual. Como antecedente mencionó la Resolución de Alcaldía N.° 615-85-AMPI, del 4 de septiembre de 1985, mediante la cual se asignó la categoría de “Otros Usos” a una franja ubicada entre las avenidas Abraham Valdelomar y Los Maestros, frente a la prolongación de la calle N.° 04 de Santa Rosa del Palmar y en las inmediaciones del colegio José Toribio Polo y el terreno de la Guardia Republicana. Esta disposición quedó vinculada al plano N.° 19-85-D.DUOP-MPI y constituye uno de los documentos que la defensa considera relevantes para discutir la clasificación del espacio ocupado por Villa El Diluvio.

Otro antecedente importante corresponde al año 1987, cuando los lotes A y B fueron inscritos a favor del Estado mediante la Resolución Directoral Regional N.° 048-87-VC-6500. El lote A, con una extensión de 9,285.20 metros cuadrados, quedó registrado en la Partida N.° 02000448, mientras que el lote B, de 13,025 metros cuadrados y correspondiente al espacio ocupado por Villa El Diluvio, figura en la Partida N.° 02009710. Ambas superficies fueron independizadas de la partida matriz N.° 02016778. Para Jayo, estos antecedentes registrales son fundamentales porque permiten diferenciar las áreas y revisar qué entidad figura como titular de cada una.

La defensa también explicó que el lote A tuvo posteriores disposiciones a favor del Colegio de Contadores Públicos de Ica, el Colegio de Economistas y otras instituciones, con referencias a la Resolución de Alcaldía N.° 615-85-AMPI y a la Partida Registral N.° 02000448. A criterio del abogado, estos antecedentes evidenciarían que las superficies originalmente consideradas como aportes recreacionales no mantuvieron necesariamente una misma condición jurídica.

La llegada de los residentes a Villa El Diluvio está estrechamente relacionada con una de las emergencias más difíciles que atravesó Ica: la inundación del año 1998. Según el relato del abogado y de los representantes de la asociación, varias familias que perdieron sus viviendas por el desborde del río, procedentes de sectores como la avenida Maurtua y las calles Cajamarca, Pisco y Huancavelica, llegaron a estos terrenos para reconstruir sus vidas. En aquel momento encontraron un espacio utilizado como botadero, con acumulación de basura y desmonte, por lo que tuvieron que organizarse para limpiarlo y acondicionarlo antes de levantar sus primeras viviendas. Con el paso de los años, el lugar dejó de ser aquel espacio abandonado y se convirtió en el hogar de numerosas familias.

La ocupación dio lugar a diversos procedimientos administrativos y judiciales. Jayo recordó que en uno de los primeros procesos se cuestionó una supuesta cesión en uso otorgada por la municipalidad a los ocupantes. Según explicó, durante esa controversia se determinó que la comuna no tenía facultades para entregar el terreno bajo esa modalidad, debido a que no figuraba como titular registral del predio.

Posteriormente, el 3 de abril de 2007, la Gerencia de Desarrollo Urbano emitió la Resolución Gerencial N.° 018-2007-GDU, que dispuso el desalojo de las construcciones existentes en un área de 11,533.36 metros cuadrados, encargando su cumplimiento al ejecutor coactivo del SAT-Ica. La asociación presentó recursos contra esta decisión y el caso llegó a la vía contencioso-administrativa ante el Primer Juzgado Civil de Ica. De acuerdo con la explicación del abogado, inicialmente se obtuvo una sentencia favorable a la asociación, pero posteriormente la Sala Civil revocó esa decisión.

El caso llegó a un momento de tensión el 19 de septiembre de 2026, cuando contingentes policiales y representantes municipales se desplazaron hasta los accesos de Villa El Diluvio, por las avenidas Santa Rosa del Palmar y Los Maestros, en el sector próximo a la Panamericana Sur, para realizar una intervención. Según el relato del abogado, las familias se opusieron al ingreso y él sostuvo conversaciones con el ejecutor coactivo, el gerente del SAT y los mandos policiales para cuestionar la existencia de una orden judicial específica que autorizara el ingreso y la ejecución del desalojo. Durante esos momentos de tensión, una de las vecinas presentó una elevación de la presión arterial y tuvo que recibir atención de la ambulancia que acompañaba al contingente. Finalmente, la intervención no llegó a concretarse.

El abogado señaló que tanto el ejecutor coactivo como la Policía Nacional elaboraron actas sobre lo sucedido, en las que se dejó constancia de la intervención y de las viviendas existentes en el sector. También cuestionó los intentos de la municipalidad por inscribir el terreno a su nombre ante Registros Públicos.

A ello se suma la información que, según el abogado, habría recibido de la Dirección Regional de Vivienda, entidad que le comunicó que no encontró documentación que acreditara una transferencia del terreno a favor de la Municipalidad Provincial de Ica. También cuestionó que la comuna sostenga que tiene la posesión del predio.

Pero la principal demanda de Villa El Diluvio no se limita a cuestionar las actuaciones municipales. Las familias también buscan una salida que les permita formalizar los terrenos donde han construido sus hogares. La asociación presentó documentación ante COFOPRI para solicitar que se evalúe la titulación de sus lotes; sin embargo, según explicaron sus representantes, la entidad les comunicó que no podía continuar con el procedimiento debido a que el área figura como parque zonal. Ante esta respuesta, la presidenta Verónica Ley Cordero presentó un nuevo escrito para exigir que se precise dónde se encuentra inscrito ese supuesto parque zonal y cuáles son los documentos que respaldan dicha clasificación.

Asimismo, la presidenta de la asociación fue contundente al expresar la posición de las familias: “Nosotros acá en Villa El Diluvio no vamos a salir, como ellos nos piden que nosotros nos vayamos”, enfatizó.

Ley Cordero precisó que la asociación está conformada por 89 lotes, donde viven más de 100 familias, y que en algunos predios habitan dos o hasta tres familias. Sostuvo que los residentes llevan 28 años de posesión pacífica y que su presencia también aparece en el plano catastral y en los registros del censo nacional.

Finalmente, Ley Cordero hizo un llamado a los diputados de Ica en el Congreso para que visiten Villa El Diluvio, conozcan directamente la situación de las familias y revisen la documentación presentada por la asociación. Mencionó los acercamientos que ha sostenido con el diputado José Yataco y solicitó también la intervención de la diputada Verónica Yonz, a quien pidió acudir al sector y escuchar a las madres de familia.

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