Funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Ica (SAT Ica) afirmaron que el procedimiento para desalojar a los ocupantes de Villa El Diluvio no responde a una decisión particular de la entidad ni de la Municipalidad Provincial de Ica, sino al cumplimiento de disposiciones administrativas y judiciales.
Diligencia suspendida
El gerente general del SAT Ica, José Tataje Aguado, y el ejecutor coactivo Jorge Gutiérrez Munares explicaron que el proceso comprende un área de 11,533.36 metros cuadrados destinada al Parque Zonal N.° 2 de la segunda etapa de Santa Rosa del Palmar.
Según los funcionarios, el origen del procedimiento se encuentra en la Resolución Administrativa N.° 018-2007, emitida el 3 de abril de 2007, que dispuso el desalojo de las personas que ocupaban el área y la demolición de las construcciones ubicadas dentro del terreno.
Años después, en 2018, Luis Jesús Shimabukuro Maima, como representante de la organización Santa Rosa del Palmar, inició un proceso para exigir que la Municipalidad Provincial de Ica cumpliera con aquella disposición.
El SAT sostuvo que el proceso atravesó diferentes instancias judiciales y que una sentencia de vista del 30 de abril de 2021 ordenó hacer efectivo lo dispuesto en la resolución administrativa de 2007. Posteriormente, el expediente llegó a la Corte Suprema mediante el recurso de Casación N.° 33387-2022.
Tras retornar el expediente al juzgado de origen, una resolución del 5 de marzo de 2025 requirió a la Municipalidad Provincial de Ica, a través del ejecutor coactivo del SAT, hacer efectivo lo ordenado y concedió un plazo de 15 días hábiles bajo apercibimiento de multas. Los representantes del SAT señalaron que la entidad ya habría recibido tres sanciones económicas relacionadas con el retraso en la ejecución y que, además, existirían acciones por el presunto incumplimiento de la orden judicial.
Respecto al reciente intento de desalojo, los funcionarios indicaron que la intervención no pudo continuar debido a la falta de garantías para desarrollar la diligencia sin poner en riesgo a moradores y personal participante. Gutiérrez sostuvo que en el sector existen alrededor de 94 familias y que había menores y adultos mayores durante la intervención. Según explicó, avanzar con maquinaria y efectivos policiales en esas condiciones podía generar un enfrentamiento, motivo por el cual se priorizó realizar una constatación en el lugar.
Durante esa verificación, el ejecutor coactivo señaló que recorrieron los inmuebles para determinar quiénes residían efectivamente en el sector. De acuerdo con su versión, únicamente seis personas aceptaron identificarse y permitieron el ingreso para acreditar su permanencia, mientras otros moradores evitaron proporcionar sus datos. El funcionario agregó que también encontraron algunos domicilios aparentemente abandonados y que toda esta información fue incorporada a la constatación realizada durante la diligencia.
El SAT adelantó que la documentación recogida será utilizada para sustentar ante el juzgado las condiciones encontradas durante el operativo y la necesidad de contar con mayores garantías para una eventual nueva intervención. Gutiérrez señaló que durante la última diligencia participaron aproximadamente 250 policías, contingente que consideró insuficiente ante la posibilidad de enfrentamientos. La entidad espera que estas constataciones permitan solicitar un mayor número de efectivos policiales para ejecutar posteriormente la medida dispuesta judicialmente.
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