
En un intento por frenar el avance de la criminalidad en la capital, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Poder Ejecutivo implementar medidas extraordinarias durante el estado de emergencia vigente en Lima. Entre ellas, destaca la propuesta de restringir el uso de motocicletas lineales entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., sin ninguna excepción.
A través de un comunicado oficial, la entidad plantea que esta restricción se aplique de manera continua y rigurosa, con el fin de dificultar el accionar de bandas criminales que operan a bordo de este tipo de vehículos.
“Se restrinja el uso de motocicletas lineales desde las 18:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente, impidiendo el tránsito de este tipo de vehículos fuera del rango de horas establecido, sin ninguna excepción”, señala el documento.
Según la Defensoría, las motocicletas lineales son usadas con frecuencia por delincuentes porque facilitan la huida rápida, complicando su identificación y posterior captura. Por ello, también han sugerido una segunda medida que se aplique durante el día.
“Prohibir, sin excepción, que las motocicletas lineales transporten a más de una persona dentro del marco temporal establecido para su circulación”, añade la institución, recomendando además que se evalúe la efectividad de estas medidas luego de 30 días de su aplicación.
Estas recomendaciones llegan en medio de una crisis de seguridad que ha motivado al Gobierno a declarar estado de emergencia en Lima Metropolitana, ante el incremento de robos, extorsiones y sicariato, muchos de ellos ejecutados a bordo de motocicletas.
La adopción de las medidas queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá evaluar la viabilidad legal y operativa de la propuesta, así como sus implicancias en el transporte, el comercio y los derechos ciudadanos.
Defensoría propone prohibir motos lineales desde las 6 p. m. hasta las 6 a. m.
La medida busca frenar el accionar de bandas criminales. También se plantea impedir que circulen dos personas por moto durante el día. Propuesta deberá ser evaluada por el Ejecutivo.