La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, indicó que la empresa Repsol, a cargo de la operación de la refinería La Pampilla, afrontaría sanciones y multas de tipo administrativo, penal y civil por el derrame de seis mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla durante el proceso de descarga de un buque.

Ante la prensa, la jefa del gabinete ministerial señaló que las sanciones administrativas son impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mientras que las acciones penales son ejecutadas por el Ministerio Público. Además, remarcó que el Estado también derecho a exigir reparaciones de tipo civil.

“El Estado está trabajando en tres dimensiones para establecer responsabilidad, en un daño ambiental se pueden determinar responsabilidades de tipo administrativo, que son las que OEFA puede imponer por conductas determinadas, por no cumplir los planes de contingencia”, expresó.

“Lo segundo es que nosotros también, como Estado, tenemos derecho de accionar a nivel penal, de hecho la fiscalía de medio ambiente ya lo está haciendo, abriendo investigación por posible delito ambiental”, agregó.

“Lo tercero es que también el Estado tiene derecho a demandar medidas de tipo civil, y nosotros estamos trabajando para establecer toda esta gama de responsabilidades”, enfatizó.

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