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El Gobierno promulgó dos decretos legislativos que establecen sanciones penales para quienes faciliten cuentas bancarias o billeteras digitales destinadas a cometer extorsiones y contemplan protección procesal para los ciudadanos que actúen en legítima defensa frente a hechos delictivos. Las normas fueron difundidas en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
“La lucha contra la inseguridad es integral. Por un lado vamos tras el dinero ilícito de la extorsión que alimenta la violencia en nuestras calles y por el otro estaremos del lado de las víctimas que se defienden ante una agresión delictiva: quien actúa por supervivencia frente a un ataque no puede ser tratado como victimario”, expresó Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros.
A través del Decreto Legislativo N.° 1744, el Ejecutivo introduce cambios en el Código Penal para sancionar a quienes cedan o pongan a disposición sus cuentas bancarias y otros servicios financieros para movilizar fondos obtenidos mediante extorsiones.
La norma, además, establece penas más severas para la comisión de delitos violentos, como el sicariato, el robo agravado y el secuestro.
La disposición también incorpora medidas para reforzar el control de armas de fuego. En ese sentido, sanciona a quienes borren o modifiquen sus números de serie, lo que impide su identificación y puede favorecer su circulación en el mercado ilegal. Asimismo, establece castigos para las personas que reporten falsamente el robo o la pérdida de estas armas ante las autoridades.
El decreto también modifica la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, con el propósito de sancionar el ingreso no autorizado a plataformas informáticas. Además, contempla penas de prisión efectiva para los ciudadanos extranjeros que retornen irregularmente al Perú después de haber sido expulsados del territorio nacional.
Por su parte, el Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el Código Penal con el objetivo de brindar mayor respaldo jurídico a las personas que hagan uso de la legítima defensa ante una agresión.
Entre las modificaciones más relevantes se establece que se presumirá la actuación racional de quien recurra a la legítima defensa ante una agresión. Por tanto, será el Ministerio Público el encargado de probar lo contrario.
Asimismo, la norma elimina el criterio de proporcionalidad de los medios utilizados para repeler una agresión. También dispone que los fiscales ordenen el archivo definitivo de las investigaciones cuando se acredite que la persona actuó en legítima defensa.
En cuanto al ámbito judicial, los magistrados deberán fundamentar de manera expresa y con criterios reforzados las resoluciones que rechacen la aplicación de la legítima defensa. De no cumplir con esta exigencia, la decisión podrá ser declarada nula.
A través de estos dos decretos legislativos, el Ejecutivo apunta a reforzar las sanciones contra las redes que canalizan recursos provenientes de extorsiones y ampliar las garantías legales de quienes se defiendan de agresiones que pongan en riesgo su vida, la de otras personas o su patrimonio.
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