El diputado y vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, anunció este lunes 9 de noviembre que solicitó la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de su agrupación parlamentaria, tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder sobre contrataciones de familiares de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el Congreso de la República.
La investigación periodística reveló que familiares directos de trabajadores penitenciarios vinculados a la custodia del expresidente Pedro Castillo, así como un exdirector del penal Barbadillo, consiguieron puestos remunerados en despachos parlamentarios, la bancada de Juntos por el Perú y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A través de un pronunciamiento, Zunini informó que pidió apartar al trabajador cuestionado y reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión parlamentaria.
Ernesto Zunini solicita suspensión de trabajador de Juntos por el Perú
El vocero de la bancada explicó que su pedido responde a los cuestionamientos surgidos después de la emisión del reportaje televisivo.
“Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, tras la denuncia pública que cuestiona su contratación”, manifestó.
Zunini también sostuvo que su agrupación mantiene el compromiso de actuar bajo criterios éticos y de transparencia frente a las denuncias relacionadas con contrataciones de personal.
Sin embargo, el legislador no identificó en su pronunciamiento al trabajador cuya suspensión solicitó ni precisó si la medida ya había sido ejecutada por las instancias administrativas correspondientes.
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Contrataciones vinculadas al penal Barbadillo
El reportaje de Cuarto Poder expuso la contratación de familiares de agentes del INPE encargados de la custodia de Pedro Castillo en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.
Entre los casos mencionados figura el de Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija del director del penal Barbadillo, quien fue contratada en el despacho de la diputada de Juntos por el Perú Azucena Isla Rojas.
La investigación también identificó a un familiar de otro agente penitenciario contratado por la bancada y a un exdirector del establecimiento que obtuvo un puesto en una comisión parlamentaria.
Las revelaciones generaron cuestionamientos sobre los vínculos entre trabajadores penitenciarios y personal contratado en el Congreso. No obstante, la existencia de relaciones familiares no acredita por sí sola una contratación irregular ni un intercambio de favores.
Zunini defiende debate del proyecto de ley de amnistía
En su pronunciamiento, el diputado también se refirió al proyecto de ley de amnistía promovido en el ámbito parlamentario y sostuvo que la denuncia sobre contrataciones no debería condicionar su discusión.
“Por su parte, el proyecto de ley de amnistía no debe verse deslegitimado y debe debatirse por su contenido y sus fundamentos”, expresó.
El legislador consideró que la iniciativa debe continuar su evaluación legislativa de acuerdo con sus propuestas y argumentos, independientemente de los cuestionamientos relacionados con la contratación de personal.
INPE también anuncia remoción de trabajadores de Barbadillo
La solicitud de Zunini se suma a las medidas anunciadas por el Instituto Nacional Penitenciario tras la difusión de la investigación de Cuarto Poder.
Mediante un comunicado emitido el domingo 8 de noviembre, el INPE informó que removerá de sus cargos al personal involucrado del penal Barbadillo y que adoptará las acciones administrativas y legales correspondientes.
La institución señaló que los vínculos personales o intereses particulares no deben comprometer la seguridad ni el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.
Tanto el pedido de suspensión formulado por Juntos por el Perú como las medidas anunciadas por el INPE se producen mientras persisten los cuestionamientos sobre las contrataciones reveladas por el programa periodístico.
