Andrea Pereyra

La presidenta Dina Boluarte se presentó esta mañana en la sede del Ministerio Público, ubicada en el Centro de Lima, para rendir su testimonio en el marco de las investigaciones preliminares que se siguen en su contra por el caso Qali Warma.

La mandataria llegó alrededor de las 9 a.m., acompañada de un significativo contingente de agentes de Seguridad del Estado y unidades especiales de la Policía Nacional del Perú, quienes se apostaron en las puertas del recinto para garantizar su seguridad.

El caso por el cual Boluarte fue citada está relacionado con un presunto delito de negociación incompatible, que habría ocurrido durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo.

La investigación de la Fiscalía se centra en seis contrataciones que habría obtenido la empresa “Consorcio Puma SAC” como proveedor del programa Qali Warma, presuntamente a pedido de un congresista, en junio de 2022. Según las investigaciones, a cambio de estas contrataciones, se habría buscado en el Congreso el archivo de la investigación que vincula a Boluarte con el Club Departamental Apurímac.

Durante su llegada, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, informó que Boluarte asistió de manera voluntaria para declarar. Sin embargo, es importante recordar que, en abril pasado, la mandataria se acogió a su derecho al silencio durante una intervención anterior ante la Fiscalía de la Nación por este mismo caso.

La investigación ha revelado detalles proporcionados por un testigo protegido en octubre de 2022, quien declaró ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), liderado por la fiscal superior Marita Barreto. Este testigo involucró también a Óscar Nieves, exconsejero legal de Boluarte; al fiscal supremo Marco Huamán, ex adjunto de Patricia Benavides; y a Grika Asayag, exasesora de la presidenta.

En paralelo, el coronel Harvey Colchado también acudió hoy a la Fiscalía para responder por una denuncia de presunto abuso de autoridad contra el ministro del Interior, en un caso que ha captado la atención pública por su implicancia en temas de transparencia y legalidad en la administración estatal.

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