El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció sobre la fuga de un reo cuando fue evacuado a una clínica en el distrito de San Juan de Lurigancho, y aseguró que el interno fue trasladado al establecimiento médico para que le practiquen una tomografía, debido a que era paciente con TBC.

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Cabe precisar que este sábado, al ser trasladado a la Clínica Limatambo del SJL, el reo Genaro Agustín Aguilar escapó con ayuda de cuatro cómplices. Los agentes del Inpe que custodiaban al interno fueron atacados por los delincuentes que desataron una balacera en el distrito.

A través de un comunicado el INPE, aseguró que personal de esa institución, cumpliendo los protocolos de seguridad, trasladó a la clínica Limatambo, ubicada en la avenida Próceres de la Independencia, “al interno Genaro o Gerardo Agustín Aguilar Oliva, (38) para realizarle una tomografía por ser paciente con TBC”.

“La conducción y seguridad interna estuvo a cargo de dos técnicos de seguridad del INPE, mientras que la seguridad externa a cargo de la Policía Nacional”, se lee en el documento.

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Hechos

Además, el INPE precisó que el hecho se produjo a la 1.30 p. m., cuando los dos servidores penitenciarios encargados del resguardo del reo fueron interceptados por desconocidos con disparos de arma de fuego.

Tras ello, resultó herido con tres impactos de bala el técnico Manuel Guillén Quenaya, mientras que el técnico Luis Fajardo Paino recibió un golpe en la cabeza, circunstancia que fue aprovechada por el interno para fugar.

El agente Guillén Quenaya fue trasladado al hospital Guillermo Almenara, por presentar heridas de bala en el cuerpo, mientras que Fajardo Paino, recibió la atención en el centro médico, donde ocurrió la fuga.

Interno fue sentenciado a 30 años de prision

Según confirmó el INPE, Aguilar Oliva se encuentra sentenciado a 30 años de pena privativa de la libertad por el delito de trata de personas. En el 2018 fue trasladado del penal Castro Castro a Lurigancho, por presentar un cuadro de TBC.

Investigación

Asimismo, señaló que las autoridades penitenciarias informaron a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público sobre lo acontecido, a fin de que se ejecuten las investigaciones del caso.

“Paralelamente, el INPE llevará a cabo investigaciones para evaluar las circunstancias descritas y determinar posibles responsabilidades administrativas”, agrega.

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