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Poder Judicial evaluará apelación de Andrés Hurtado para revocar prisión preventiva en su contra

El recurso presentado por la defensa del exconductor cuestiona la legalidad de la medida. El expediente será revisado por una sala suprema en los próximos días y la decisión final dependerá de una audiencia con la participación de ambas partes involucradas.
Poder Judicial evaluará apelación de Andrés Hurtado para revocar prisión preventiva en su contra. Composición: Diario Correo.

Redacción Diario Correo

Actualizado el 01/04/2026, 06:50 p.m.

El Poder Judicial decidió admitir el recurso de apelación presentado por el exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. Con esta decisión, se abre la posibilidad de revisar la resolución que amplió por 18 meses el plazo de prisión preventiva en su contra dentro de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

La medida cuestionada forma parte del proceso que se le sigue en la Fiscalía Suprema. En este caso, se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

Recurso fue presentado por la defensa

La resolución que permite el trámite del recurso fue emitida el 20 de marzo por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. En el documento se establece que el pedido cumple con los requisitos contemplados en el Código Procesal Penal.

El recurso fue presentado el 18 de marzo por la defensa legal del investigado. Posteriormente, el 19 de marzo se ingresó un escrito adicional para ampliar los fundamentos de la apelación.

En su solicitud, la defensa plantea que se deje sin efecto la decisión que prolongó la medida restrictiva. Asimismo, propone de manera alternativa que se evalúe la aplicación de una medida distinta a la privación de libertad.

Dentro de los argumentos presentados, también se incluye el pedido de nulidad de la resolución cuestionada. Esta pretensión se formula como parte de los planteamientos accesorios del recurso interpuesto.

Caso será evaluado por la Corte Suprema

Tras admitir la apelación, el magistrado dispuso que el expediente sea elevado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta instancia deberá determinar si el recurso es declarado bien concedido para continuar con su evaluación.

En caso se cumpla ese paso, se programará una audiencia virtual con la participación de la defensa del investigado y el Ministerio Público. En ese espacio, ambas partes expondrán sus argumentos antes de que se emita una decisión definitiva sobre la situación legal de Hurtado.

Actualmente, el exconductor cumple la medida de prisión preventiva en el penal de Lurigancho. Su permanencia en dicho establecimiento responde a la resolución que dispuso la prolongación del plazo por 18 meses.

Fundamentos de la prisión preventiva

De acuerdo con lo señalado previamente por el juzgado, la medida fue considerada adecuada dentro del proceso. En ese análisis se indicó que la decisión busca asegurar la presencia del investigado durante el desarrollo de las diligencias y la aplicación de la ley penal.

En esa misma línea, el órgano jurisdiccional evaluó la existencia de riesgos procesales. Entre ellos, se consideró la posibilidad de fuga y de interferencia en la investigación como elementos a tomar en cuenta.

Investigación fiscal en curso

El caso es seguido por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Esta instancia investiga una presunta intervención de Hurtado en la entrega de dinero a fin de influir en decisiones del sistema de justicia.

Según la hipótesis fiscal, el empresario Javier Miu Lei habría entregado una suma de dinero con el objetivo de recuperar bienes incautados. En ese contexto, se menciona la posible participación de la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta en las gestiones vinculadas a dicho caso.

Los hechos materia de investigación se remontan al año 2020. Además de este episodio, se analizan otros dos eventos que forman parte del mismo expediente fiscal.

Con la admisión del recurso, el proceso entra en una nueva etapa dentro del sistema judicial. La decisión final quedará en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver si confirma, modifica o revoca la medida impuesta.

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