- Corte en EE. UU. confirma que Municipalidad de Lima debe pagar casi US$ 200 millones a Rutas de Lima
- Municipalidad de Lima deberá pagar US$ 200 millones a Rutas de Lima por fallo ratificado en EE. UU.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció su negativa a pagar los cerca de US$ 200 millones que la Municipalidad de Lima debe al consorcio Rutas de Lima, según dos laudos arbitrales confirmados recientemente por una corte de Estados Unidos.
El burgomaestre aseguró que el contrato de concesión, firmado en 2013, fue producto de un acto corrupto y criticó al sistema judicial por no sancionar a los exfuncionarios involucrados.
En declaraciones a la prensa, López Aliaga afirmó: “No voy a pagar nada. A gente corrupta no le pago nada”, en alusión al acuerdo suscrito durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, quien admitió haber recibido pagos ilícitos en el marco del escándalo de Odebrecht.
El contrato otorgó a Rutas de Lima la concesión de varias vías de la capital, incluyendo la Vía Expresa Línea Amarilla.
Fallo internacional ratifica deudas
El 24 de junio, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (EE.UU.) confirmó dos laudos arbitrales que obligan a la comuna limeña a pagar al consorcio.
La Municipalidad había apelado argumentando corrupción en la firma del contrato, pero el tribunal determinó que no existían pruebas directas para anularlo.
La decisión ratificó un fallo previo de marzo de 2025, bajo las reglas de la Uncitral, ente que regula arbitrajes internacionales.
La disputa surgió en 2017, cuando la Municipalidad impidió la instalación de un nuevo peaje en una de las vías concesionadas. Rutas de Lima —entonces controlada por Odebrecht— inició los arbitrajes alegando incumplimiento contractual.
La comuna sostiene que el acuerdo es nulo por su presunto vínculo con corrupción.
Además de los laudos confirmados, el consorcio —ahora en manos de Brookfield Infrastructure— ha iniciado un tercer arbitraje contra la Municipalidad.
En paralelo, Brookfield demandó al Estado peruano ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), reclamando US$ 2.700 millones por supuesta expropiación de su inversión.
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