Hace algunas semanas, la Municipalidad de Magdalena y la Metropolitana de Lima se enfrentaron por la aplicación de papeletas de tránsito que generaron el reclamo de los sancionados. En diálogo con Correo, el experto analiza la situación y da otros alcances en materia de tránsito en tiempos de elecciones.

¿Las papeletas impuestas en Magdalena son legales?

Nosotros consideramos que sí, ha habido una legalidad en la en la imposición de las multas. Las cámaras o cinemómetros que han sido utilizados para este tipo de sanciones, de fiscalización, son instrumentos de primer nivel que están certificados. La gran cantidad de papeletas demuestra que en nuestra ciudad hay pésimos conductores.

¿Es correcto que la Municipalidad de Lima haya anunciado su anulación?

Más que decir si deben ser anuladas, lo que se tiene que hacer es reforzar la educación vial para que los conductores aprendan y respeten la normativa.

Si las papeletas fueron impuestas en el marco de la ley ¿por qué Magdalena reclamó por ellas, y por qué Lima decidió anularlas?

Yo diría que hay un tema político. Como usted sabe, estamos en etapa preelectoral de las elecciones municipales. Las autoridades no se quieren pelear con sus vecinos.

¿Anular papeletas no es un premio a la informalidad o irresponsabilidad en las pistas?

Totalmente. Creo que con este tema de la nulidad han querido quedar bien con posibles electores en perjuicio de la fiscalización que se debe realizar para defensa de los peatones. Si las autoridades no están de acuerdo con las sanciones, lo que podrían hacer es cambiar la norma para que las multas sean proporcionadas, porque no tienen que ser tan elevadas.

¿Quién es responsable de las cuestionadas papeletas en Magdalena?

La autoridad le dice a la empresa dónde colocar los cinemómetros y ellos los ponen. Si les hubiesen dicho “no los pongan frente a un colegio”, no había problemas. Finalmente es una responsabilidad de las de las autoridades.

¿Qué soluciones plantea A Movernos frente a este tipo de situaciones?

Consideramos que este tipo de fiscalización tiene que reforzarse y promoverse, pero tiene que haber un periodo de marcha blanca. Tiene que haber un periodo educativo para que las personas sepan que van a ser sancionadas. En otros países te llega una papeleta educativa sobre normativa, donde se indica la falta, para que el conductor tenga más cuidado.

¿Cree que sea suficiente?

También planteamos una reformulación de la norma de sanciones, porque hay multas que son desproporcionadas. Con valores tan altos, lo que sucede finalmente es que los usuarios no pagan las multas. Hay vehículos de transporte público que tienen 1 millón de soles en papeletas y siguen circulando. Tiene que haber proporcionalidad, fiscalización y una marcha blanca adecuada.

Varios candidatos han anunciado la eliminación de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). ¿Cuál es su opinión?

Creo que no debería eliminarse la ATU. Antes, Municipalidad de Lima y la Municipalidad del Callao establecían las rutas de transporte y había una superposición de estas, lo que generaba un caos absoluto. En vez de destruirla, se debe mejorar su gestión, su normativa, para que su director ejecutivo pueda durar 5 años. Desde que se creó la ATU, han cambiado a los directores ejecutivos a un promedio de uno por año.

¿Alguno de los candidatos menciona el tema de la seguridad vial y el transporte en sus planes de Gobierno?

Muy pocos. De los 36 planes de gobiernos, tres de cada cuatro ni siquiera mencionan la seguridad vial. O sea, ni siquiera mencionan la frase “seguridad vial”. Y los que sí, lo hacen de manera muy superficial, Creemos que los candidatos, de manera demagógica, dejan el tema de lado para evitar una pérdida de votos.

En materia de seguridad, el Gobierno había prohibido la circulación de dos personas en una misma moto para combatir la criminalidad. ¿Fue una medida acertada?

No, de ninguna manera. No se puede perjudicar a las personas que necesitan transportarse. Hay ciudadanos que no pueden comprar un vehículo automotor, pero compran una moto para llevar a su esposa al trabajo, a sus hijos al colegio o a la universidad. No se puede atentar contra esa libertad. Además, a pesar de la supuesta fiscalización, los motociclistas seguían llevaban pasajeros. Entonces, la medida no ha surtido ningún efecto.