El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien solicitó la detención preliminar del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, junto a los funcionarios José Samamé y Juan Fang, señaló que existen indicios de una concertación ilegal en los contratos de transporte de material electoral, donde habrían cambiado las medidas para favorecer a empresas sin capacidad operativa.

Gálvez explicó que son investigados por los delitos de colusión ilegal, omisión de deberes y delitos electorales.

“Se presume que en algunos contratos realizados por la ONPE se habría incurrido en una supuesta concertación para defraudar al Estado. Se tiene que determinar la responsabilidad tanto de la empresa como de los funcionarios de la ONPE”, dijo Gálvez.

En cuanto a la responsabilidad de Piero Corvetto, el titular del Ministerio Público sostuvo que los hechos no fueron accidentales. Argumentó que, bajo el concepto de dolo, los funcionarios conocían que el material no llegaría a tiempo a los locales de votación y, pese a tener el deber de evitarlo, permitieron el perjuicio a los ciudadanos.

“Tenían el conocimiento de que no se iba a poder cumplir y no lo evitaron. Eso es suficiente para determinar la existencia de dolo. Se ha impedido que un sector importante de la población ejerza su voto limpiamente”, sentenció Gálvez. No obstante, aclaró que la determinación de un posible fraude electoral es competencia exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El pedido de detención preliminar busca recabar información sobre supuestas irregularidades detectadas durante las elecciones del 12 de abril.

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Asimismo, Corvetto afronta otros casos. Esto debido a que el procurador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, señaló que interpuso una denuncia penal contra el exjefe de la ONPE.

La acción legal responde a los graves retrasos y la falta de material electoral que impidieron la votación de miles de peruanos en la jornada dominical de estos comicios generales.

En tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya no quedan actas pendientes en el conteo presidencial, consolidando la diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez Palomino y Rafael López Aliaga.Mientras que la ONPE completó el procesamiento del 100% de las 92.766 actas presidenciales de las Elecciones 2026. El proceso entra ahora en una etapa clave, con la resolución pendiente de 5.171 actas observadas, que está a cargo de los Jurados Electorales Especiales.

De acuerdo al último reporte oficial actualizado al 23 de abril de 2026 a las 02:30 a.m., Sánchez registra 1,917,145 votos válidos (12.035 %), mientras que López Aliaga obtiene 1,898,735 votos válidos (11.907 %).

La diferencia entre ambos candidatos es de 18,402 votos, lo que mantiene a Roberto Sánchez en una posición superior en el conteo oficial.