Escrito por Guisella Lachira

La Contraloría General de la República detectó cuatro situaciones adversas en la adquisición, recepción y distribución de equipos telefónicos adquiridos para implementar las actividades académicas remotas en el marco de las acciones preventivas ante el riesgo de la propagación del COVID-19 en la Universidad Nacional de Piura (UNP).

Mediante Resolución Rectoral 0481-R-2020 de 26 de junio del 2020 se aprobó la contratación directa de servicios de internet móvil, incluyendo equipos celulares para la implementación de las clases no presenciales de los alumnos de escasos recursos económicos desde julio hasta diciembre del 2020, con una inversión de S/ 1’033,500.00. Previo a ello, el 8 de junio, en aquel momento, el rector encargado Juan Adanaqué Zapata autorizó la elaboración de un expediente técnico a fin de efectuar dicha contratación, cuyo costo ascendió a S/ 19,800.

Según el informe, tras revisar la orden de servicio y orden de pago de la contratación del profesional que elaboró el citado expediente, se detectó que el documento recibió la conformidad con fecha posterior a la Resolución Rectoral, precisando que no se ejecutó de manera adecuada el gasto público, ya que la mencionada consultoría no habría sido de utilidad para la contratación de los servicios.

El órgano de control también detectó que los plazos de prestación del servicio de internet móvil son distintos al inicio y finalización de clases lo que genera riesgos de pago por un servicio no utilizado, además que no se realizó una adecuada identificación de los alumnos beneficiarios, ya que en el listado figuraban 141 alumnos egresados, a quienes tras ser identificados no se les entregó los celulares, pero retrasó la entrega a otros universitarios que sí lo necesitaban.

Al respecto, el actual rector encargado, Omar Vences, dijo que el proceso lo realizó la gestión anterior y bajo esa premisa se responderá a la Contraloría. Detalló que todos los celulares han sido entregado a los alumnos de escasos recursos.