El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de la Municipalidad Provincial de Piura desarrolló su segunda sesión ordinaria, centrada en reforzar las estrategias y respuestas frente a la inseguridad ciudadana, así como consolidar el trabajo interinstitucional.

La sesión fue liderada por el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, quien subrayó la necesidad de un trabajo conjunto para optimizar la capacidad de respuesta ante la delincuencia, en el marco del Decreto Supremo N.° 030-2026-PCM, que declara en estado de emergencia a los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos. En ese contexto, reafirmó el compromiso de la comuna de brindar soporte logístico para fortalecer las acciones de seguridad.

Durante la reunión, el subprefecto provincial de Piura, Miguel Vásquez Rodríguez, informó sobre las principales acciones ejecutadas, entre ellas la emisión y fiscalización de garantías personales, el control del orden público en actividades sociales y deportivas, así como la atención de casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar, destacando los mecanismos implementados para proteger a personas en situación de riesgo.

Asimismo, representantes de la UGEL propusieron la participación de la Subprefectura como veedora en los procesos de elección de juntas directivas de las APAFA y en la supervisión de la distribución del Programa de Alimentación Escolar, con el objetivo de garantizar transparencia en los procesos.

Por su parte, el Ministerio Público exhortó a los alcaldes distritales a fortalecer la fiscalización de recintos deportivos que no cuentan con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), advirtiendo el riesgo que esto representa para la población.

Cabe señalar que el estado de emergencia también comprende las provincias de Paita y Sullana, donde se vienen articulando esfuerzos conjuntos para reforzar la seguridad ciudadana.

De esta manera, el COPROSEC ratifica su compromiso de ejecutar acciones sostenidas y coordinadas que permitan enfrentar la inseguridad, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de la ciudadanía en un contexto que exige respuestas firmes y oportunas.