La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura instó a la Dirección Regional de Educación (DRE) a garantizar el derecho a la educación y la salud de los 565 798 niñas, niños y adolescentes en edad escolar, para un retorno seguro y a la brevedad a las escuelas. Para ello, indicó que se requiere el compromiso no solo de las instancias administrativas de educación en la región, sino fundamentalmente, el apoyo de los 31,564 docentes que laboran en las 6895 instituciones educativas públicas y privadas.

En ese sentido, la sede defensorial resaltó que la autoridad regional debe asumir el liderazgo educativo, a fin de garantizar un retorno a clases seguro, flexible, gradual y voluntario. Para ello, las autoridades educativas en coordinación con sus homólogos del sector salud, gobiernos locales y, especialmente, con la comunidad educativa, deben identificar, evaluar y hacer seguimiento a las tres condiciones necesarias para que las escuelas inicien su labor: a) condiciones de contexto (datos epidemiológicos); b) condiciones de bioseguridad (agua, mascarillas, desinfectante de manos, aulas con aforo permitido, adecuadamente ventiladas, entre otros); y c) condiciones sociales (conformidad de la comunidad educativa para el inicio de las clases presenciales y semipresenciales).

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Según las cifras reportadas por el Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro (Sares), en Piura cumplen con la primera condición 5606 instituciones educativas, es decir 8 de cada 10 escuelas estarían habilitadas. Sin embargo, solo 4 escuelas (0.1 %), cumplirían con las 3 condiciones para ser consideradas aptas para el retorno a clases.

Ante esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura señaló que es urgente que el director regional de educación priorice la verificación de la información reportada en el Sares, luego de lo cual, deberá impulsar estrategias coordinadas con las unidades de gestión educativa local (UGEL), las escuelas, madres y padres de familia y otras instituciones, con miras a que un mayor número de instituciones educativas sean consideradas aptas para el retorno a clases presenciales y semipresenciales.

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La Defensoría del Pueblo precisó que continuará con las acciones de supervisión a la Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, 12 UGEL, municipalidades provinciales y distritales, así como a las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, para lo cual requerirá información actualizada de las medidas y acciones que vienen realizando a fin de asegurar las condiciones adecuadas del retorno a clases.

Finalmente, César Orrego, jefe de la Oficina Defensorial en Piura enfatizó “el sector educativo debe asegurar la vigencia de los derechos fundamentales a la educación, a la salud, a la vida y a un desarrollo adecuado de los más de medio millón de estudiantes piuranos. Además, indicó que las madres y los padres tienen el derecho a ser informados y a participar de las decisiones respecto al proceso educativo a sus hijas e hijos, que garantice un retorno seguro a clases.”

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