Las denuncias por extorsión en Piura disminuyeron 58% entre enero y julio de 2026 frente al mismo periodo del año anterior: pasaron de 1,795 a 752 casos. Es la mayor reducción entre las regiones del país, aunque Piura aún ocupa el cuarto lugar nacional en número de denuncias acumuladas.

Esta caída debe leerse con cautela. Las denuncias solo reflejan los casos que llegan a las autoridades, por lo que no es posible afirmar que la extorsión se haya reducido en la misma proporción.

El dato es especialmente importante al mirar 2025, cuando Piura registró 2,791 denuncias, la cifra más alta de los últimos años, y fue la tercera región con más casos del país, según información del Ministerio del Interior analizada por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Específicamente, las provincias de Piura y Sullana concentran alrededor de 7 de cada 10 denuncias registradas este año, lo que refuerza la necesidad de focalizar las acciones de prevención y seguridad en las zonas más afectadas.

Además de la afectación a la vida, la inseguridad genera consecuencias económicas. El Consejo Privado de Competitividad estima que entre 2021 y 2024 la inseguridad habría restado alrededor de S/371 millones a la actividad económica de Piura. Este cálculo comprende la inseguridad en general y no exclusivamente la extorsión, pero permite dimensionar el costo económico que puede generar un entorno marcado por la violencia.

Los pequeños negocios también están expuestos a este escenario. Piura concentra poco más del 5% de las bodegas del país, muchas de las cuales han tenido que reforzar sus medidas de seguridad frente a la inseguridad. A ello se suman los riesgos asociados al fenómeno El Niño, que puede provocar lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos, afectando viviendas, vías y establecimientos comerciales y, con ello, interrumpiendo las actividades económicas.

“La situación que enfrentamos a nivel de inseguridad implica destinar recursos a protección que podrían orientarse a ampliar el negocio, contratar personal o mejorar su oferta. En una región con una importante actividad comercial, reducir la inseguridad no solo es una tarea de seguridad ciudadana: también es una condición para proteger la actividad económica y generar un entorno más favorable para la inversión y el empleo”, señaló Germán Vega, economista de REDES.

El desafío será que las medidas a implementar se traduzcan en presupuesto, plazos y resultados medibles. En Piura, concentrar esfuerzos en las zonas donde el delito se repite con mayor frecuencia y mejorar la coordinación entre Policía, Fiscalía y el sistema de justicia serán fundamentales para que las denuncias no solo sean registradas, sino que permitan identificar y sancionar a los responsables.

“Fortalecer la seguridad también significa reducir los costos que enfrentan las empresas y pequeños negocios para protegerse del delito. Para Piura, avanzar en esta tarea puede contribuir a recuperar recursos que hoy se destinan a enfrentar la inseguridad y generar mejores condiciones para la inversión, el empleo y el crecimiento de la actividad económica”, concluyó Vega.