El Ministerio Público ha desentrañado el rol de Samuel Martín López Guerra, registrador de la Sunarp Piura, como el operario clave de la presunta organización criminal “Los Ilustres de Piura”. Según las confesiones de los colaboradores eficaces FECOR-45XJX y FECOR-121251, López Guerra no solo era un simple registrador sino el arquitecto legal que permitía que títulos falsificados se convirtieran en propiedades legítimas dentro del sistema registral. Su función principal era garantizar que los terrenos apropiados ilícitamente superaran cualquier traba técnica o legal para su posterior venta.

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Las imputaciones más graves señalan que López Guerra era el encargado de “limpiar” los expedientes. El registrador gestionaba el levantamiento de cargas técnicas de los predios para que pudieran ser transferidos sin obstáculos, asesoraba a la presunta mafia en la fabricación de “títulos verdes” y hasta presionaba a sus propios colegas para que aprobaran inscripciones irregulares. Uno de los golpes más contundentes fue su intervención para que una registradora en Sullana inscribiera el predio “La Esperanza”, ignorando las alertas técnicas de que el terreno era eriazo y pertenecía al Estado.

El flujo de dinero era constante. Los documentos revelan que Pedro More Vilela entregaba pagos mensuales a López Guerra para mantener operativa la red de corrupción. Sin embargo, la operación más sospechosa ocurrió en mayo de 2021, cuando el registrador vendió un departamento en la Urb. Los Cocos del Chipe a Pedro More por US $ 29,000, un precio irrisorio considerando que lo había adquirido por US $ 36,500. Según el colaborador FECOR-121251, esta fue una venta simulada para encubrir un soborno real de US $ 80,000 por los favores concedidos. Este dinero habría permitido al funcionario adquirir tres nuevas propiedades entre 2019 y 2022, valorizadas en S/ 419,000, US $ 10,000 y US $ 95,427 respectivamente.

López Guerra contaba con cómplices estratégicos. El principal señalado es el Ing. Federico Trelles, jefe de Catastro, quien presuntamente recibía el 5% del valor de los predios a cambio de emitir informes técnicos favorables.

Asimismo, el registrador coordinaba con otras funcionarias como Zully Gonzales para forzar la inscripción de donaciones ilegales (como el caso de Piuraverde S.A.C.), y con Gaudhy Saavedra, cuya defensa legal ante la Fiscalía —valorizada en US$ 12,000— fue pagada íntegramente por la presunta organización criminal tras la intermediación de López Guerra.

Actualmente, Samuel López enfrenta una investigación formal por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos. El sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura ha respondido con firmeza ordenando el allanamiento de tres inmuebles vinculados al registrador y la inhibición de sus bienes en Piura y Trujillo.