“Justicia para su hijo, justicia para la doctora Minosska Pinto Lazo”, “Minosska no murió, la mataron!, “¡Que hablen los culpables!, ¡Minosska vive, la lucha sigue!, ¡No fue casualidad, fue premeditado!, ¡Quien haya pagado para que la mataran, también debe pagar!, fueron algunas de las frases que gritaron sus familiares, amigos, colegas y pobladores en el exterior del Poder Judicial, donde se desarrollaba la audiencia de prisión preventiva contra cinco presuntos implicados en su asesinato, en la que se encuentra su viudo, ocurrido el pasado 10 de abril en la urbanización San Felipe de Piura.

Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal Marlon Enrique Arámbulo Mogollón, fiscal provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra La Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, presentó las imágenes de las cámaras de seguridad de la forma cómo le hicieron un seguimiento sigiloso desde que salió de la clínica Auna hasta llegar a su domicilio, donde el presunto sicario Luis Alejandro Rojas Guillén (22 años) le disparó en dos oportunidades y la mató.

El fiscal detalló la participación de Junior Francisco Miñán Seminario (19), quien sería la persona que transportó en la moto de placa 5653 a Rojas Guillén, para conjuntamente con dicha persona seguir a la doctora cuando esta se desplazaba en un taxi con destino a su casa, en la urbanización San Felipe.

Cristian Alberto Sócola Bayona (22) sería quien realizó el seguimiento previo a Pinto brindando datos de su salida de la clínica. A Sergio Junior Sevillano Gutiérrez (33) se le habría encontrado dos armas en el departamento de la torre 6 del condominio Lagunas del Chipe-Piura, una de las cuales corresponde a una pistola utilizada para percutar los dos casquillos, encontrados en la escena del crimen. Además, es la persona que canceló S/ 250 a un taxista a través del aplicativo Yape para transportar a los investigados Sócola, Rojas y Miñán, hasta Talara.

William Eduardo Seminario Girón (39), esposo de la víctima, según la fiscalía y por la declaración de Miñán y Sócola, sería la persona que ordenó el asesinato de su propia esposa.

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El abogado de la familia Pinto, Jorge Díaz Campos, precisó que tienen conocimiento de varios seguros que venía cancelando la pediatra, que superaría el millón de soles.

Agregó que han cursado cartas a los seguros para que se produzca una inhibición de entrega hasta que se resuelva en definitiva este proceso judicial. “Esperemos que así lo haga el Ministerio Público y que pida al Poder Judicial que se trabe una medida de embargo e inhibición respecto a la entrega de estos seguros, para que no pueda haber una disposición apresurada indebida. Los beneficiarios, en algunos seguros es el esposo, en otros son el esposo y su menor hijo”, precisó Díaz Campos.